Tras conocerse la operación de la Policía española que ha desarticulado en Gipuzkoa un grupo que podría haber defraudado 3,7 millones de euros en ayudas sociales, Belandia ha asegurado que Lanbide se personará en la causa y planteará una denuncia por estafa dentro del procedimiento judicial que se abra y ha precisado que esta entidad tenía conocimiento de este presunto fraude desde 2016

Ha dado a conocer que en julio del año pasado Lanbide suspendió cautelarmente los primeros expedientes presentados por ciudadanos paquistaníes ante la presunta falsedad de los mismos, «circunstancia que la investigación policial ha acreditado como cierta».

Ha hecho hincapié, a través de un comunicado, en que Lanbide ha colaborado «activamente» con la Policía española en todo lo que se le ha requerido y, además, ha puesto en marcha todos los mecanismos internos para suspender las prestaciones bajo sospecha.

Belandia ha explicado que Lanbide ante la sospecha de que un documento pueda ser falso remite de inmediato a la Policía los datos que ante las distintas embajadas y gobiernos extranjeros acreditan la autenticidad de esos documentos.

El director de Lanbide ha puesto en valor la colaboración para erradicar «comportamientos que generan alarma social y que perjudican gravemente a quienes más necesitan el apoyo de sus conciudadanos y al propio sistema».

«La actividad de Lanbide permite garantizar nuestro compromiso presente y futuro para que esta situación no condicione el derecho de quienes legítimamente cumplen con los requisitos para acceder a las distintas ayudas sociales por la existencia de tramas delictivas», ha sentenciado.

En este sentido, Belandia ha subrayado el «esfuerzo» que está llevando a cabo el Servicio de Empleo por mejorar el control de las prestaciones con aspectos como la huella digital que, junto a otras medidas, «permitirá ser mucho más eficientes y eficaces».

Además, ha advertido de que no se puede poner «en entredicho» la calidad del servicio por «comportamientos puntuales» como el conocido hoy.

Diputación

La Diputación de Gipuzkoa, por su parte, ha explicado que la mayoría de las 186 personas detenidas, 163 de ellas en este herrialde, no percibían la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) en el momento en que comenzaron a ser investigadas por la Policía española que inició esta operación en agosto del pasado año.

En un comunicado, la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, ha destacado que la institución foral «ha colaborado activamente» con la Policía española para detectar este tipo de fraudes para cobrar ayudas sociales.

Además, ha aclarado que la documentación presuntamente falsificada «no se trata de pasaportes, sino certificados de bienes del país de origen». Peña también ha indicado que en la mayoría de los casos en el momento de la investigación «ya no percibían la AGI», y que en la actualidad «ninguna de las personas detenidas es beneficiaria de esa ayuda», que el Gobierno de PNV y PSE suprimió en esta legislatura, porque «no contribuía a la inserción social».

Finalmente, ha señalado que, «igual que hemos colaborado con la Policía, colaboraremos con la Justicia, y en el momento en que se resuelvan los procedimientos judiciales está Diputación actuará en consecuencia».