Se trata de adaptar la normativa y estrategias para seguir avanzando en la consecución de una «sociedad inclusiva y accesible» para toda la ciudadanía y en especial a las personas con discapacidad, mayores y quienes tengan cualquier otra diversidad funcional.

En la elaboración del anteproyecto ha participado el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) y han sido consultados todos los departamentos del Gobierno.

Ahora se encuentra en fase de recibir aportaciones a través del Portal de Gobierno Abierto y deberá además ser informado por distintos consejos y organismos.

La accesibilidad constituye uno de los principios de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, a las que considera sujetos titulares de derechos que los poderes públicos están obligados a garantizar de modo «pleno y efectivo».

Así el anteproyecto de Ley Foral de Accesibilidad Universal, define este concepto como «la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible».

El primer objetivo del proyecto es garantizar la transversalidad de la accesibilidad universal mediante la acción coordinada de los diferentes departamentos de la Administración navarra y de los distintos poderes públicos que deben intervenir para conseguir de forma eficiente la mejora de la calidad de vida de las personas.

La ley se aplicará sobre los espacios públicos urbanizados, las infraestructuras y la edificación, los transportes, las comunicaciones y la sociedad de la información, los productos y servicios a disposición del público, las relaciones con las administraciones públicas, la Administración de Justicia, el Patrimonio cultural, las actividades culturales, deportivas y de ocio, el empleo, las universidades y el sistema educativo.

El texto regula también el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para todas las personas, el arbitraje en materia de accesibilidad universal y el régimen sancionador conforme a la normativa básica estatal.

Además prevé la obligación de que el Gobierno de Nafarroa presente al Parlamento en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley un plan de actuación para corregir los déficits existentes en relación con el derecho de accesibilidad universal para todas las personas.

En los procedimientos de elaboración de las normas cada departamento tendrá que aportar un informe de impacto de accesibilidad y discapacidad, que al igual que los informes de impacto de género elaborados para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, será una herramienta valida para evitar un impacto negativo sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El Gobierno de Nafarroa prevé extender progresivamente esta obligación a las entidades locales.