Doce horas después de que las urnas revalidasen el triunfo independentista en las elecciones catalanas, el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, anunciaba la imputación de seis personas más dentro de la macrocausa contra el soberanismo que instruye desde la declaración de independencia a partir de las pesquisas del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y la Audiencia Nacional española. En concreto se trata de Marta Rovira, secretaria general de ERC; Mireia Boya, presidenta del grupo parlamentario de la CUP; Anna Gabriel, portavoz de la lista independentista durante la pasada legislatura; Artur Mas, expresidente de la Generalitat; Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT y Neus Lloveras, presidenta de la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI). Todos ellos son ahora investigados «por los delitos de rebelión, sedición y malversación», perseguidos con penas de cárcel que pueden superar los 30 años.

No parece casualidad que el Alto Tribunal decida hacer públicas las imputaciones un día después del fracaso unionista en los comicios forzados tras la aplicación del artículo 155. El magistrado justifica su actuación argumentando que los dirigentes independentistas participarían en la «dirección y coordinación» del proceso soberanista. Aunque por ahora no les cita a declarar, les comunica su situación de investigados para que puedan ejercer su derecho a la defensa.

La víspera, mientras que los catalanes estaban todavía ejerciendo su derecho al voto, se hizo público un informe de la Guardia Civil que serviría para justificar la persecución de los líderes independentistas. El documento está fechado a 15 de diciembre, pero no ha sido hasta una semana después cuando se ha conocido su contenido.

El informe del Instituto Armado tiene una estructura similar a los documentos periciales que sirvieron como base para causas generales contra el independentismo vasco como el 18/98 o el proceso 35/02, mal llamado de las “herriko tabernak” pero que sirvió para juzgar la trayectoria política de HB, EH y Batasuna en un macrojuicio celebrado en 2014. Una salvedad relevante: mientras que aquellos procesos eran justificados por los uniformados (y posteriormente por los jueces) por la supuesta «supeditación» de la estrategia abertzale a la violencia de ETA, en este caso se sitúa como hecho delictivo intentar lograr la independencia de Catalunya. A partir de algo constatable como el hecho público de que hay partidos y asociaciones independentistas que buscan la creación de un Estado catalán se construye un relato que convierte su actividad en algo delictivo.

El relato histórico transcurre entre la presentación del Libro Blanco de la Transición Nacional, en 2014, hasta la Declaración de Independencia del 27 de octubre de este año, que siguió al referéndum del 1 de octubre. Entre los hechos que se analizan, la consulta del 9N de 2014, la constitución de Junts Pel Sí, la actuación del Gobierno de Carles Puigdemont o todos los sucesos derivados del 1-O.

La clave está en una idea que aparece en las conclusiones pero que se repite a lo largo de los 107 folios del informe policial: que la estrategia no obedecía a los «delirios de grandeza» del independentismo sino que buscaba implementar su proyecto político. Para ello, cae en la cuenta de que formaciones políticas y asociaciones de la sociedad civil actúan de forma «coordinada». Además, señala que «utilizan las instituciones catalanas, el Parlament y el Govern, para sus intereses». Es decir, que partidos políticos que llevan la independencia en su programa se presentan a las elecciones, obtienen la mayoría y, desde los puestos logrados por el voto de los ciudadanos, trabajan para hacer cumplir su programa.

El informe reconoce el apoyo popular a las iniciativas políticas desde el Govern y el Parlament. De hecho, asegura que «posiblemente determinadas decisiones políticas no se habrían adoptado sin haber contado con el respaldo de las movilizaciones sociales continuas y masivas». No era necesario un estudio exhaustivo para llegar a esta conclusión. Existe un consenso mayoritario en que fue la presión social la que hizo que fuerzas con vocación autonomista, como la antigua CDC, asumiesen planteamientos soberanistas. Sirve, sin embargo, para poner en la diana a grupos de la sociedad civil como Omnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana o la Asamblea de Municipios por la Independencia.

Buena parte de las observaciones se basan en el documento “Enfocats”, intervenido por la Guardia Civil al secretario general de Economía, Josep María Jové, y su agenda personal, en la que se incluyen apuntes sobre el proceso político y las discusiones desarrolladas entre sus principales participantes.

«Los estrategas definieron los elementos que permitirían avanzar hacia un Estado propio. Consideraban necesario sumar mayorías reforzando su base social, ampliando el consenso político y obteniendo credibilidad internacional», afirma el documento. Nada que sus promotores no hayan anunciado de modo público en la infinidad de comparecencias desarrolladas en los últimos años. Los autores del informe llegan a descubrir que los promotores del procés «entendían que la desconexión forzosa solo podría materializarse cuando hubiese una clara determinación ciudadana que la respaldase y siempre que estuviera garantizada la complicidad internacional». Es decir, que para que su proyecto político tuviese éxito necesitaban contar con el apoyo de los ciudadanos.

Para aportar un barniz de criminalidad, se salpica el informe de menciones al «odio» promovido por el procés. «Puede decirse que se puso en marcha una maquinaria de adulteración social con mensajes tipo ‘España nos roba’ o ‘España nos agrede’ que ayudó enormemente a generar un sentimiento de odio para perjudicar la autoridad del Estado y comprometer la dignidad de España», afirman. Dentro de esa estrategia se incluyen movilizaciones como las diadas desde 2012.

Este es el primer paso para la construcción de una macrocausa general contra el independentismo catalán. Visto el gusto de los jueces españoles por el corta-pega de los informes policiales, no es descartable que termine convirtiéndose en el esqueleto de la acusación judicial.