Así lo ha avanzado en la rueda de prensa convocada en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año 2017, en la que ha señalado que lo que él quiere es que se termine una situación que «genera mucha incertidumbre y ha hecho mucho daño a Catalunya desde todos los puntos de vista».

Preguntado si estará dispuesto a hablar con el próximo presidente de la Generalitat, sea quien sea, ha respondido que por el momento no se sabe qué va a pasar ni quiénes serán «los candidatos que decidirán los partidos que tienen posibilidades».

Eso sí, preguntado por la hipótesis de que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea investido presidente por vía telemática ha afirmado que eso sería «absurdo».

Rajoy ha optado, de esta manera, por no apurar el plazo legal que establece que la constitución del Parlament debe realizarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a las elecciones, celebradas el pasado 21 de diciembre, con lo que la fecha tope era el 23 de enero.

En los diez días hábiles posteriores a la sesión constitutiva debe celebrarse el debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, por lo que el límite se sitúa en el 31 de enero.

Al final del debate de investidura, que suele prolongarse a lo largo de dos jornadas, se procede a una primera votación, en la que quien se postula para ocupar la presidencia de la Generalitat debe obtener la mayoría absoluta de los votos, es decir, un mínimo de 68 sobre 135.

En caso de no reunir suficientes apoyos, puede someterse dos días después a un segundo debate, que culmina con otra votación en la que es suficiente la mayoría simple de la Cámara, es decir, más votos a favor que en contra.

El artículo 67.3 del Estatut prevé que, si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura se sigue sin haber podido elegir al president, el Parlament queda disuelto «automáticamente», lo que conduciría a unas nuevas elecciones al cabo de 54 días, es decir, a finales de mayo.