Vienen días de zozobra. El Estado español dejó claro ayer que no se siente obligado a modificar su conducta tras las elecciones del 21D, por lo que la pelota que echará a andar la legislatura está en manos del independentismo, que tiene una mayoría absoluta más holgada de lo que pudiera parecer a primera vista. Las idas y venidas entre JxCat y ERC los próximos días serán constantes, a la espera de un acuerdo que facilite la investidura de un president independentista. El quién y el cómo todavía son cuestiones a resolver. Mientras tanto, el calendario ofrecerá un primer test el próximo 17 de enero, con la constitución del nuevo Parlament y la elección de una nueva Mesa.

No es una cuestión menor. Dominar la Mesa del Parlament significa controlar la interpretación de un reglamento siempre flexible. Fue crucial en la anterior legislatura –recuérdense los plenos del 6 y 7 de setiembre– y lo puede volver a ser en esta desde los primeros días, ya que una de las opciones para investir a Puigdemont pasa por su participación telemática en el pleno desde Bruselas. Una anomalía que debería contar con la complicidad de la Mesa del Parlament.

El independentismo no debería tener problemas para asegurarse el control de la Mesa, que está compuesta por una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías –en total, siete miembros–. Con los resultados del 21D en la mano y la aritmética más elemental en la mente, a Junts per Catalunya le corresponden dos sillas, a ERC otras dos, dos más a Ciudadanos y una al PSC. La elección se hace en tres fases: en la primera los diputados escriben el nombre de su candidato a la presidencia del Parlament –si en la primera instancia nadie consigue la mayoría absoluta, se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, en la que es suficiente con una mayoría simple–; en la segunda se escoge a los dos vicepresidentes; y en la tercera, a los cuatro secretarios.

De este modo, en principio, los 66 diputados de JxCat y ERC –a los que podrían sumarse los cuatro de la CUP (escenario A)– deberían servir para asegurarse la mayoría en la Mesa y la presidencia, que podría recaer sobre el exconseller de Justicia y diputado electo de ERC Carles Mundó. Su nombre suena como alternativa a una Carme Forcadell que preferiría optar por un segundo plano debido a su situación procesal.

Sin embargo, el unionismo y en especial Ciudadanos no renuncian a controlar la Mesa. Defienden para ello la legitimidad de un evidente pucherazo que pasaría por que los cinco diputados exiliados –Puigdemont, Serret, Ponsatí, Puig y Comín– y los tres encarcelados –Junqueras, Sànchez y Forn– no puedan ejercer su derecho a voto, de modo que la mayoría de 70 diputados independentistas se vea reducida a los 62 escaños.

Lo cierto es que ni así el unionismo tendría asegurado el control del Parlament, ya que el bloque del 155 –Ciudadanos, PSC y PP– solo suma 57 votos en la Cámara catalana, por lo que necesitaría el apoyo de Catalunya en Comú-Podem para enfilarse a los 65 diputados y superar al independentismo (escenario B). La presión de Ciudadanos se centra ahora en los Comuns, pero no parece que los de Xavi Doménech vayan a tragarse ese sapo, por lo que el unionismo lo tiene prácticamente imposible.

Pese a ello, el independentismo no quiere sorpresas. Se da por hecho que los tres diputados electos en prisión obtendrán el pertinente permiso judicial para asistir a la sesión constitutiva del Parlament, ya que hay sobrada jurisprudencia al respecto. De hecho, el caso más conocido –no único– es el de Juan Carlos Yoldi, candidato de HB a lehendakari en 1987, cuando estaba en prisión.

Lo que no está tan claro en estos momentos es que los cinco diputados en el exilio puedan ejercer su derecho a voto. Sí que pueden tomar el acta de diputado a distancia, pero, en principio, no pueden delegar su voto –el reglamento solo contempla la delegación en casos de maternidad, paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad duradera–. Por ello, con el objetivo de blindar la mayoría independentista, en los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que los cuatro consellers exiliados renuncien al acta de diputado. Algo que no haría Puigdemont: para ser elegido president hay que ser diputado.