Según ha explicado Zoido en la Comisión de Interior del Senado, la presencia de los efectivos desplazados a Catalunya en el marco de la ‘Operación Copérnico’, desplegada entre setiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades.

«Se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta», ha asegurado Zoido, «porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas». Según Interior, durante tres días, el 30 de setiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Zoido ha calificado de «muy importante» la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, «otro alto coste», ha dicho, «que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista» de Catalunya.

«Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras», ha señalado.

En su discurso ha reconocido las incomodidades por la «polémica» contratación de los barcos en la búsqueda de «alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada».

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O.

Actuación «legítima, profesional y proporcionada»

«Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena», ha dicho.

Pero ese día «fue absolutamente necesario», ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar «si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones», quizá «si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar».

Ha recordado que la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos d'Esquadra ese día, y principalmente de sus mandos. De hecho, ha traído a colación que su máxima autoridad en aquellos momentos, el mayor Josep Lluis Trapero, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos «tan graves como el de sedición».

A su juicio, el 1 de octubre el Govern «incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones».

Pero fue un intento, sin embargo, que «fracasó en su legitimidad y en sus objetivos», según el titular de Interior, que ha dejado claro que las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contribuyeron «de forma determinante» a ello.

«Y lo hicieron de manera ejemplar y en condiciones muy difíciles, cumpliendo con su deber en la defensa del bien común, dentro de la ley y para defender la ley. La actuación fue legítima, profesional y proporcionada y no lo digo yo, es que así lo ha avalado la Fiscalía», ha enfatizado.

Lamenta los heridos «como el que más»

Ha lamentado «como el que más» los heridos por la actuación policial, pero ha culpado de ello a la «absoluta pasividad y nula colaboración» de los Mossos, así como a la Generalitat de Puigdemont, a quien ha censurado por «soliviantar las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones».

En su opinión, la actuación policial ante lo que ha calificado de «resistencia pasiva organizada» de los comités de defensa, con elementos «radicales infiltrados» y el uso de niños, fue «legítima, profesional y proporcionada» y, según Zoido, está avalada por la Fiscalía y la Comisión Europea. «En ningún caso», ha dicho, «tuvo como objetivo los votantes».

«Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar», ha señalado, denunciando la «organización y complicidad» de los independentistas, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.

Zoido ha criticado la «manipulación informativa» y la actuación de los Mossos previa a la intervención en aplicación del artículo 155 de la Constitución española. «En algunos casos», ha defendido, «las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieron constatar cómo los agentes de Mossos d'Esquadra incautaban las urnas una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías».