Más allá del revuelo mediático y de algunas posturas forzadas por el impacto de la tragedia de Otxarkoaga, comienzan a percibirse movimientos entre las instituciones implicadas en la protección de menores en Bizkaia para tratar de corregir errores o actitudes laxas. El juez decano de Bilbo, Aner Uriarte, avanzó la convocatoria de una reunión de coordinación «para ver qué es lo que se puede mejorar».

Uriarte reconoció, en declaraciones a Europa Press, que, tras la muerte de Ibon Urrengoetxea y antes de las de Lucía y Rafael, se detectó que 20 órdenes de búsqueda de jóvenes infractores no se habían «cumplimentado» por distintas circunstancias. Esa realidad, precisan fuentes consultadas, es conocida por los distintos agentes implicados en el tutela de los menores, al igual que la escasez de recursos de intervención socioeducativa en el entorno de niñas y niños a los que las instituciones deben proteger según establece la ley.

La Diputación no habla pero sí la consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien pretende atribuir cierto grado de responsabilidad en la violencia que ejercen menores a la sociedad en general, no solo a las instituciones. En el lado opuesto, varias voces critican la concertación de servicios por la administración con centros «con personal de escasa experiencia, que limita su actuación».

También abogó por hacer «autocrítica» el fiscal coordinador de menores del Tribunal Supremo, José Javier Huete, quien en una entrevista en Radio Euskadi instó a analizar «por qué en determinados casos chicos que están tutelados por la entidad pública o siguiendo medidas correctoras impuestas por sentencia judicial en un momento determinado están fuera de control directo de la entidad correspondiente».

Huete desveló que fiscales le han transmitido su intención de revisar la forma de actuación y de «actualizar» su programa de visitas a los centros «para tener un control directo» y corregir «alguna disfunción» que pudiera haber habido. Así, explicó, se pretenden revisar los expedientes «para ver por qué algunos de estos chicos» que están con alguna medida correctora «no están localizados» y «qué es lo que se está haciendo por los responsables, sean de la entidad pública sean policiales, para su localización y puesta de nuevo bajo la tutela de la autoridad correspondiente».

Se inclina por ser «pausados» en la actuación ante una situación que no cree que «exija medidas excepcionalísimas», sino que «hay que intentar aplicar las medidas» que ya se tienen.

Jose Javier Huete, que advirtió de que «la introducción de valores cívicos de respeto es algo que está fallando», defendió que ahora es necesaria una mayor presencia policial en Otxarkoaga «para detectar si efectivamente se produce esa existencia de grupos», pero apostilló que «la solución policial no es la panacea de todos los males».

«La solución –insistió– debe venir por la reflexión profunda sobre las causas», lo que obliga «a la intervención en el ámbito social, educativo, familiar... La policía por sí misma no va a acabar con este problema».

La sucesión de bulos provocan histeria y temor

Costará que Otxarkoaga se libre de nuevos y viejos estigmas vinculados al barrio tras el crimen de hace una semana. El trabajo de años por parte del rico movimiento asociativo para revitalizarlo y acabar con cierta imagen negativa se ha topado con el desembarco de televisiones y medios de comunicación que han atosigado a vecinas y vecinos persiguiendo la frase sacada de contexto. No son pocos los que se han quejado del «amarillismo» que se ha potenciado al hilo de la muerte del matrimonio de octogenarios.

Imágenes de menores que no se pueden divulgar han corrido por las redes sociales y otros canales, al igual que noticias falsas a las que se ha dado el marchamo de veraz. En esa línea, integrantes de las familias Canales-Cortés y Manzanares-Cortes, conocidos como el clan de «Los Pichis», denunciaron ayer que se les ha tratado de vincular a este suceso. Después de reconocer que algún menor de su familia «ha hecho alguna fechoría» por la que «ya han pagado», negó relación alguna con lo acaecido en Otxarkoaga. A.G.