En una entrevista de Rac 1, Jaume Alonso Cuevillas ha explicado que el sábado, después de recibir la resolución del Constitucional, plantearon pedir permiso al Tribunal Supremo para que Carles Puigdemont pueda asistir al pleno de investidura, pero que posteriormente sopesan descartarlo.

«No lo descartamos del todo, pero cada vez vemos más lejos esta posibilidad porque no queremos aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat pueda estar sometida a una autorización judicial previa, es un escándalo, contrario a los más elementales principios del estado de Derecho», ha manifestado.

«¿Dónde se ha visto que para el ejercicio de un derecho fundamental, una persona que, por muy imputada que esté, tiene toda la plenitud de sus derechos cívicos, se haya de someter a autorización judicial?», ha preguntado.

Sobre si descarta que Puigdemont se presente a la investidura de este martes en el Parlament, su abogado ha afirmado que no lo ha descartado nunca, si bien ha considerado que la resolución del TC «altera el panorama y dibuja un escenario diferente».

«Él hará lo que considere más conveniente para la causa que defiende. Si considera que es más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera. Pero si él considera que puede ser más conveniente, para hacer petar la cafetera a presión, venir aquí y hacerse detener y encarcelar, tiene la garantía para hacerlo», ha argumentado.

Anulr «cosas que no se han producido»

Sobre si recurrirán la decisión del TC de poner condiciones a la investidura –acuerda suspender la sesión del Parlament si se pretende hacer en ausencia del candidato–, Cuevillas ha dicho: «Supongo que sí, hoy lo acabaremos de decidir. Ciertamente es muy complicado. La resolución del TC no hay por donde cogerla. Es desde el punto de vista jurídico una monstruosidad».

Ha explicado que no lo tienen «plenamente decidido», y si bien tienen los argumentos que cuestionan la resolución, ha puntualizado que todavía no saben si acudirán al Tribunal Supremo, al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«La resolución del TC es nula de pleno derecho, pero formalmente está vigente, y el TC no es nadie, no tiene atribuciones para interpretar preventivamente el reglamento del Parlament, le corresponde a los órganos internos del Parlament», ha opinado.

Ha indicado que dicha resolución invade competencias del Parlament y declaró nulas cosas que no se han producido, y ha considerado que toda la causa es absolutamente irregular y no hay por donde coger los delitos de rebelión y sedición: «Todo es una barbaridad».