Los trágicos hechos ocurridos en Bilbo, con el crimen de dos octogenarios en Otxarkoaga hace poco más de una semana y la muerte de Ibon Urrengoetxea en diciembre, en ambos casos con menores implicados, han generado preocupación y evidenciado carencias en el sistema de tutela de jóvenes procedentes de entornos precarios. El catedrático de Derecho Procesal Iñaki Esparza ofrece algunas pistas para afrontar un problema que «nos implica a todos».

Se está hablando mucho de la responsabilidad penal de los menores. ¿Qué situación enfrenta un menor tras haber cometido un delito?

No se enfrenta a algo muy distinto a lo que se enfrentaría un adulto. Se va a activar un proceso, aunque no se le llame así sino que se denomina como expediente. Se elude llamarle proceso porque es importante también que la terminología refleje de alguna forma que hay alguna excepción, salvedad o flexibilidad con respecto a los menores cuando son objeto de actividad jurisdiccional. Dicho esto, va a ver una investigación, eventualmente se va a formular una acusación, se celebrará una vista, se impondrán medidas...

¿Una vez abierto el expediente qué pasos se dan?

El fiscal tiene un papel esencial, de hecho la investigación se atribuye al fiscal a diferencia de lo que es proceso penal normal donde es el juez instructor el que investiga. La acusación también le corresponde formularla al fiscal. Otra particularidad de este proceso es que no hay posibilidad de acción popular. Y las víctimas sí pueden intervenir.

¿Cómo medir esa responsabilidad teniendo en cuenta que nos encontramos con personas que aún no han alcanzado la madurez? Es decir, ¿cómo se establece la edad penal?

Es una cuestión donde el derecho es el último que interviene. No es un criterio jurídico lo que determina esto sino que es un criterio biológico. Por lo tanto, van a ser otro tipo de especialistas –educadores, pedagogos, sicólogos...– quienes puedan determinar el grado de madurez en el desarrollo de una persona que es una cosa individual.

Sí que es cierto, y es importante resaltarlo, que hay un acuerdo planetario en relación con que los menores de edad son personas que están sin desarrollar. Su personalidad está sin terminar de perfilar y, por lo tanto, conviene con respecto a ellos un tratamiento distinto que tenga en cuenta esa consideración biológica. A eso después el derecho se acomoda y fija los parámetros. El legislador en función de otro tipo de criterios dice que 14 años son el mínimo para poder ser responsable de un delito. En España es entre 14 y 18, menores de 13 están exentos de responsabilidad.

Yo tengo un punto de vista que me legitima de manera triple para opinar: soy padre, educador y jurista. Como padre, es evidente que una persona de 13 años no es una persona madura. En muy pocos años va a cambiar y se va a determinar esa personalidad. Ese es el tramo en el que estamos trabajando, la formación de la personalidad esta sujeta a muchos inputs y se está formando muy rápidamente. Con carácter general, ese cambio se produce con 18-20 años y es un cambio abismal entre una persona con 13 años y una con 18. A ese periodo se le trata de dar un tratamiento específico.

¿Qué medidas se establecen?

Hay que ver la situación de la persona en particular y en función de eso cuál va a ser la institución que va a hacerse cargo. Puede ser la familia o una institución local o territorial. ¿Qué es lo que no tenemos que perder de vista? ¿Cuál es el bien jurídico a proteger? Recuperar a esa persona. Una persona que sabemos que está cambiando es más fácilmente recuperable, entonces ese esfuerzo es el que hay que hacer. No podemos dejar de pensar que la respuesta penal es la última. Incidir en ello y pedir un agravamiento es una respuesta, pero es el último eslabón de una larga cadena.

Ante los últimos crímenes hay quien incide en la conveniencia de rebajar la edad penal. ¿Cuál es su punto de vista?

Rebajar la edad penal desde luego no es la solución. Con rebajarlo sin aumentar esa supervisión o esa efectividad de la patria potestad o de la tutela no conseguimos nada. El jurídico procesal es un elemento, pero tenemos que tener un arsenal de elementos de los cuales ojalá no tengamos que usar el penal. Si los demás los gestionáramos correctamente lo evitaríamos.

Lo que pasa es que estamos en una situación de shock social. Eso pasa con muchas cosas y lo que es evidente es que no se pueden tomar decisiones en caliente. Es el momento de evaluar, para ver dónde ha fallado y tratar de corregirlo para que no se vuelva a producir y evitar el proceso penal. Ese es el tramo más largo y complicado pero está a la vista de todos. Estas personas viven con nosotros, habrá que ver que la tutela de estas personas se ejerza correctamente y que hechos así no se repitan. Son muy excepcionales, muy graves, no es la primera vez que ocurren y seguramente no será la última.

La ley que hay es relativamente moderna y está basada en un consenso amplio. ¿Rebajar la edad? No podemos ignorar que estamos ante personas con ese elemento biológico que nos obliga a darles un tratamiento distinto. Nos afecta a todos, porque es un fracaso social.

Habla de la importancia de trabajar todos los eslabones de la cadena y precisamente los últimos hechos han sacado a la luz carencias en el sistema de tutela. ¿Cómo habría que abordar esa labor?

En cierta forma es una labor preventiva, aunque no deberíamos estar pensando solo en evitar que se produzcan delitos, sino que esas personas que pueden estar en situación de exclusión puedan actuar como ciudadanos normales. Excede al ámbito del derecho por mucho. Estoy seguro de que ahora, al hacer la trazabilidad de estas personas, se van a encontrar un montón de puntos donde se ha fallado. No me sorprendería que el perfil fuera de chicos que no van a clase, por ejemplo. Ser padre es muy difícil y a veces te agota, pero tienes una obligación. Puede ser que se de esa conjunción de circunstancias, unos padres saturados, un colegio que constata que no se viene a clase pero no puede hacer mucho más en tanto en cuanto correspondería a los padres hacer eso, pequeños delitos, situaciones de conflictividad... todo eso va a aparecer. Y eso nos implica realmente a todos.

¿Cómo actuar ante la delgada línea entre la protección de la víctima y la del menor?

Ya que hemos fallado como sociedad hay que acertar en recuperar a estas personas y a las víctimas que se les pueda reparar de la mejor manera posible. Si no, ya tenemos una persona estigmatizada y excluida para toda la vida, potencialmente peligrosa y que genera tensión en la sociedad. Si el sistema penal para cualquier sujeto está pensando en la reinserción, con mucha más razón para los menores y la estadística demuestra que se puede hacer.

Por el contrario, en situaciones de tensión y miedo hay cierta tendencia a recurrir al discurso securitario y punitivo

La sociedad es muy fácilmente manipulable, sobre todo cuando hay una situación de tensión. También es responsabilidad de los medios de comunicación tener mensajes adecuados. ¿Cuál es un mensaje adecuado? Informar, decir cuáles son esos controles, dónde se ha fallado, cómo se va a corregir, qué recursos se van a dedicar... Lo que pasa es que esa es la letra pequeña y la sociedad para calentarse lo que necesita son mensajes de pancarta. Agitar el fantasma de la indignación social puede ser fruto de una manipulación, incluso interesada, pero no lleva a nada.

Es necesario que todo sea verificable. Sería bueno que los tribunales informaran a través de cauces oficiales en lugar de filtrar informaciones interesadas. Eso requiere que la sociedad esté dispuesta a aceptar explicaciones.

¿Qué ocurre con estos chicos y chicas tras superar el procedimiento pertinente? ¿El sistema garantiza su reinserción?

Sobre el papel sí, pero también eso requiere de un compromiso que se traduce entre otras cosas en recursos. Ese equipo técnico no debería terminar su labor en el momento que se produce el proceso y recae la resolución. Tendría que hacer seguimiento e ir soltando amarras a medida que ese menor avanza digamos dentro de los estándares de convivencia social. ¿Que se podría favorecer más esa reinserción? Seguro que sí. Esa persona va a agradecer un asidero para tratar de salir adelante. Una vez cumplida la sanción tienes el contador a cero, se puede fomentar una actitud positiva. Es decirle: ‘si quieres va a haber un camino, tu camino’.

Ante el mensaje sobre un incremento de delitos cometidos por menores, ¿qué diría?

El hecho de que en un año no se dé ningún caso y en el siguiente haya dos evidencia que ese ámbito de actuación no se puede descuidar. Nos está diciendo que hay un colectivo de personas en esa situación que tiene un potencial dañino muy grande. Pero no es tan importante la manifestación en forma de delito cuanto que existe ese colectivo con ese potencial que se activa no se sabe cuándo y por qué razón. Por eso conviene que esté correctamente gestionado. Es una inversión social.