«Aún cuando el examen de una eventual solicitud de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Anna Gabriel también los fueran en Suiza (...) una extradición a España no sería posible», ha manifestado a Efe el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.

Gabriel estaba citada a declarar este miércoles ante el juez Pablo Llarena en el marco de la causa abierta contra el proceso independentista, pero el martes anunció desde Suiza que no iba a comparecer y que permanecerá en ese país al considerar que en el Estado español no iba a tener un juicio justo porque «está siendo perseguida por motivos políticos».

El Gobierno suizo ya dejó claro el martes que a priori el caso de la exdiputada de la CUP parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base legal y que por tanto una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad, eso sí tras un análisis exhaustivo.

Solo los crímenes contra la lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como un secuestro de un avión o la toma de rehenes no son considerados delitos políticos.

Galli ha precisado este miércoles en declaraciones a la agencia Efe que incluso si el delito por el que se le investiga a Gabriel en el Estado español fuera igualmente considerado un delito en el Código Penal suizo tampoco sería posible su extradición.

«Lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos», ha indicado el portavoz del Departamento de Justicia.

Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece «una pena privativa de al menos un año» para aquel que cometa actos tendentes «a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón».

Lo mismo se aplica para quienes «derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder» o «separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón».

Galli ha reiterado que si el juez Llarena decidiera cursar una orden de detención internacional o de extradición a Suiza, el Departamento de Justicia «analizaría con profundidad los hechos para verificar si las autoridades españolas acusan a Anna Gabriel de delitos políticos».