La magistrada, que ha citado a Puig y a Soler para el próximo 9 de marzo, ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, que la pasada semana le pidió ampliar la investigación por la presunta «inacción» de los Mossos el 1-O a estos dos exaltos cargos.

Si bien la juez no precisa el delito por el que les llama a declarar como investigados, indica que «tales hechos pudieran ser constitutivos de delito» y por ello les cita en el marco de la causa abierta por «sedición» en la que ya investiga a Trapero, que ha declarado tres veces ante Lamela y tiene impuestas medidas cautelares como la prohibición de salir del Estado español, y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

En el auto de citación, la juez acuerda también levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga el supuesto intento de los Mossos de destruir pruebas quemándolas en una incineradora, y decide enviar al TSJC, como pedía la Fiscalía, la parte correspondiente a la vertiente política de estas actuaciones y que afecta al CESICAT, «pretendido CNI catalán».

En cuanto a la petición que hizo el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo de declarar la causa compleja, lo que implica que la investigación puede prorrogarse más allá de los seis meses hasta un máximo de 18, Lamela acuerda conceder un plazo de dos días a las partes para que se pronuncien al respecto.

El fiscal pidió ampliar la imputación a Soler y Puig –segundo del conseller Joaquim Fornm que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis– por su «decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento» que hasta ahora se había ceñido a las movilizaciones del 20 de setiembre.

La Fiscalía cree que la «inacción» de los Mossos «siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig», contando con el apoyo también de Trapero.

El pasado viernes la jueza tomó declaración por tercera vez a Trapero y le dejó en libertad con las mismas medidas cautelares que ya le había impuesto, pese a que la Fiscalía pidió que se le impusiera una fianza de 50.000 euros por la imputación de un segundo delito de «sedición» por el 1-0 y el riesgo de destrucción de pruebas.