La detención y encarcelamiento del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom (2008-2012), el pasado 13 de febrero, profundiza en una dinámica que puede convertirse en tradición: los antiguos mandatarios del país centroamericano terminan entre rejas por corrupción. Su sucesor, el militar Otto Pérez Molina (2012-2015), lleva en prisión desde hace tres años, mientras que quien le tomó el relevo, el actual mandatario, Jimmy Morales, está imputado y pendiente de que se abra un proceso en su contra. El arresto llega en un contexto en el que las élites políticas (con Morales y Álvaro Arzú, alcalde de la capital, a la cabeza), han puesto en su punto de mira a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente dependiente de Naciones Unidas que colabora con el Ministerio Público desde 2006.

Colom se encuentra actualmente en la prisión de Mariscal Zavala. Se trata de una cárcel ubicada en un recinto militar de la capital en la que se encierra a exfuncionarios y narcotraficantes, fuera del hacinado sistema penitenciario guatemalteco. Está acusado, junto a prácticamente todo su Gabinete, de desviar fondos de la construcción del Transmetro, un sistema de transporte público implementado durante su mandato.

Paradójicamente, los medios internacionales centraron su foco en otro de los detenidos, Juan Alberto Fuentes Knight, quien fue ministro de Finanzas y actualmente ejercía como presidente de Oxfam Internacional. Recientemente, la ONG se vio salpicada por otro escándalo, ya que su jefe de misión en Haití reconoció haber celebrado orgías en las dependencias de su institución pagadas con fondos para la cooperación. En este caso, sin embargo, el cargo de Fuentes Knight en Oxfam nada tenía que ver con su arresto, que se produce a causa de su gestión en el Gobierno de Colom.

El titular de brocha gorda ha escondido el verdadero debate existente en Guatemala, el de la supuesta «politización» de la Cicig que lleva a los sectores más reaccionarios y a las élites económicas a poner en duda su mandato y maniobrar para que sea expulsada del país. La institución se puso en marcha en 2006 tras un acuerdo entre el Gobierno de Óscar Berger y Naciones Unidas. La lectura que se hizo en su momento era que el Estado guatemalteco era muy débil y, una década después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a treinta años de conflicto armado, se veía incapaz de poner fin a las estructuras criminales insertas dentro de la Administración. En aquel tiempo se hacía referencia especialmente a cuerpos ilegales de seguridad, pero tras la llegada del fiscal colombiano Iván Velásquez como comisionado, su trabajo se ha centrado en estructuras de cooptación del Estado.

Una de las principales críticas que ha recibido la Cicig es estar al servicio de los intereses de Estados Unidos, que es su principal financiador a través de Naciones Unidas. Se da la paradoja de que la izquierda guatemalteca, históricamente debilitada, admite la existencia de una agenda de Washington en la actividad de la institución pero termina defendiéndola. Son los sectores reaccionarios, vinculados al Ejército y a las élites tradicionales, que controlan por completo el Estado, las que la cuestionan, apelando al principio de soberanía.

El único «de izquierdas»

Habitualmente, la derecha ha acusado a la Cicig de ejercer una «justicia de parte». Es decir, de actuar únicamente contra gobiernos de derecha. Algo que, por otra parte, es más sencillo si se toma en cuenta el tiempo que un sector político y otro ha estado en el poder. El Ejecutivo de Colom, que se presentó como socialdemócrata, es lo más parecido a una Administración de izquierdas desde tiempos de Jacobo Árbenz (1951-1954), derrocado tras un golpe de Estado apoyado por la CIA en 1954. Con los arrestos de la semana pasada, se rompe todo este hilo argumental. El único presidente considerado «de izquierdas» en más de medio siglo también ha sido perseguido por la Cicig.

Habrá que ver cómo afecta este operativo en el debate existente sobre la Cicig. El Gobierno de Morales ha desplegado una ingente ofensiva diplomática, especialmente en EEUU, para expulsar al comisionado Velásquez. En mayo, además, debe elegir a la fiscal general que sustituya a Thelma Aldana, convertida en «bestia negra» para las dos últimas administraciones. Todo apunta a que buscará una figura dócil, al tiempo que deja en manos de sus aliados internacionales la neutralización de la Cicig. Al mismo tiempo, la calle, que en 2015 y 2017 acogió históricas manifestaciones contra la corrupción, atraviesa un momento de letargo.

El problema sigue latente. Como apunta Álvaro Montenegro, integrante de Justicia Ya, en un artículo en el diario salvadoreño “El Faro”, «haber encarcelado a presidentes es un gran avance para el país, pero resulta insuficiente si no hay un grupo de personas que puedan impulsar cambios duraderos, para que no se repita el círculo vicioso que hasta ahora el Ministerio Público y la Cicig han venido develando, en donde la mayoría de los presidentes han llegado al poder solamente a enriquecerse».