Como documento de partida, cuenta con el proyecto de Ley de Contratos Públicos de Nafarroa enviado al Parlamento (septiembre de 2017) por el Gobierno, al que hay que añadir las 204 enmiendas parciales registradas.

La ponencia, que tras quedar formalmente constituida ha iniciado sus trabajos, desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe en el plazo de un mes desde su constitución.

El proyecto de ley tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico navarro al escenario europeo de contratación para, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, propiciar un modelo de desarrollo económico que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social, al tiempo que se garantiza un uso eficiente de los fondos públicos.

En ese contexto y en sintonía con las directivas de cuarta generación, pretende promover un mercado más competitivo, facilitar la participación de las pymes y proporcionar herramientas para la utilización de la contratación pública como un instrumento de las políticas sociales, ambientales o de investigación, desde un prisma modernizador inserto en el marco de la globalización económica.

Es por eso que, para caminar hacia una economía social de mercado altamente competitiva, se incluyen medidas de simplificación del procedimiento y de reducción de cargas administrativas, todo ello en torno a la búsqueda de la mejor relación calidad-precio, concepto clave en cualquier adjudicación.

Con ese fin en la sesión de hoy han participado Marta Echavarren, directora del Servicio de Patrimonio, y Silvia Baines, jefa de la Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos.

En principio, están previstas otras tres reuniones, los días 13, 14 y 16, antes de trasladar el informe de la Ponencia a la Comisión de Hacienda y Política Financiera, cuyo dictamen se prevé elevar al Pleno del 12 de abril.