En un escrito presentado ante el juez Pablo Llarena, la defensa de Jordi Sánchez ha pedido permiso para salir de prisión y acudir al debate de investidura del 12 de marzo. Al mismo tiempo, Roger Torrent, presidente del Parlament, ha convocado el pleno para el lunes a las 10:00.

Jordi Pina, abogado del candidato, alega que los motivos por los que se dictó la prisión preventiva «han desaparecido» y añade que ser president es «una garantía» de ello.

«La forma más adecuada de garantizar no solo el pleno respeto a su presunción de inocencia, sus derechos políticos y los derechos de quienes lo han elegido, sino también de preservar el normal funcionamiento de las instituciones calanas y la plena legitimidad democrática del futuro ejecutivo catalán», apunta el escrito.

La defensa subraya que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos políticos y no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente. Pina cita el antecedente de Juan Carlos Ioldi, que siendo preso preventivo fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento de Gasteiz. «Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el Sr. Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al 'caso Ioldi' y no desautorizará aquella decisión», arguye Pina.

Y añade que «desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político», sentencia.

Las anteriores peticiones de libertad de Sánchez han sido rechazadas y ahora llega poco después de que el presidente del Parlament, le haya propuesto como candidato a president.