Solana salía así al paso de una información publicada hoy y de una nota de prensa en la que el portavoz regionalista para Educación Alberto Catalán, señalaba que la renuncia de Begoña Alfaro refleja el «caos permanente» en la Consejería, con cuatro secretarios técnicos dimitidos esta legislatura.
Para Catalán esta situación también «demuestra la inseguridad jurídica que se ha instalado en el departamento», es «una prueba palpable de la nefasta gestión» y «evidencia la presión a la que se somete al funcionariado» como consecuencia de una «política sectaria» que ha conllevado recursos en los tribunales.
«¿Mentir no tiene ninguna penalización cuando se hace a sabiendas?», se ha preguntado Solana en una conferencia de prensa inicialmente convocada para tratar sobre el programa de coeducación Skolae, por lo que ha advertido que en el departamento se verá «cómo gestionar esta cuestión», si bien ha adelantado que no va a permitir que «se difame y se mienta de manera intencionada».
Y para avalar sus palabras ha dado lectura a un correo que esta misma mañana le ha remitido la secretaria técnica autorizándole a hacerlo público en el que recuerda que hace tiempo le comentó su «intención» de dimitir «no por presiones, que nunca han existido», sino por motivos personales y profesionales, ya que, comenta, se trata de un puesto «extremadamente complejo para el que no me considero la persona adecuada».
Una idea que ha ahondado con la «utilización política» que Begoña Alfaro considera que se ha hecho de ella al pedir UPN su comparecencia en el Parlamento cuando «los técnicos debemos estar al margen de la política» dedicados a un «asesoramiento objetivo e imparcial».
Y añade la todavía secretaria técnica de Educación que esta «utilización interesada de la oposición está haciendo daño» no solo a ella sino a la consejera, al Departamento y al conjunto del Gobierno.
Lo ocurrido «es una burda utilización», algo de «suma gravedad», ha afirmado Solana, quien ha puesto en valor el trabajo realizado por Begoña Alfaro y criticado a UPN por no tener «ningún» respeto hacia el trabajo de Alfaro y pedir su comparecencia en el Parlamento para abordar un asunto «ajeno a sus responsabilidades», algo de lo que ha apuntado que no se recuerdan precedentes.
«Hay un interés político que no tiene justificación», aseverado, y ha recordado a Catalán que solo ha tenido una sentencia contraria por un tema que avalaron altos cargos procedentes «de la pasada legislatura», cuando gobernaba UPN, y que un refrán dice que «cree el ladrón que todos son de su condición» pero con ella el departamento «no funciona ni funcionara» mediante presiones.
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