Tres horas largas ha durado la comparecencia del president Carles Puigdemont ante el juez de distrito de Neumünster, que ha decidido enviar al líder catalán de vuelta a la cárcel de esta localidad del norte de Alemania. Allí aguardará, bajo custodia policial, a que las autoridades judiciales de Schleswig-Holstein resuelvan sobre la euroorden emitida contra él por el Estado español.

La declaración de hoy no ha sido mucho más que un trámite en el cual el juez ha identificado a Puigdemont como el sujeto susceptible de la extradición. Siguiendo el procedimiento de todas las euroórdenes, el juez ha informado al president de los cargos de pesan contra él y le ha preguntado si acepta la entrega voluntaria. Al negarse, el caso pasa ahora a un tribunal superior, que también podría modificar su situación policial y decretar la puesta en libertad bajo ciertas medidas.

Ahora le toca a la Fiscalía del Estado de Schleswig-Holstein analizar si los delitos de rebelión y malversación imputados por el juez del Supremo Pablo Llarena a Puigdemont tienen su correspondencia en el código penal alemán, algo que numerosos juristas ya han avanzado que puede ser interpretado como tal, ya que en el país germano el delito de «alta traición» tiene una descripción más o menos similar a la del delito de rebelión en el código penal español. Las penas, además, son parecidas.

Si la Fiscalía, como es esperable, concluye que hay base para la extradición, la decisión quedará en manos de un juez del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que tiene 60 días para emitir su dictamen, aunque son prorrogables hasta un total de 90 días. En un Estado federal como el alemán, la competencia recae sobre el Land; los tribunales federales no entran en juego.

Este juez deberá valorar si los hechos descritos en el auto de procesamiento del magistrado Llarena se ajustan a la descripción de «alta traición», que en el cógido penal alemán requiere que haya habido «uso de violencia» o «amenaza de violencia». Es decir, el juez alemán debe decidir si compra o no la polémica definición de violencia que Llarena realiza en su auto.

También cabe la posibilidad de que el juez decida extraditar a Puigdemont, pero solo por uno de los delitos imputados en el Estado español. Es decir, que lo extradite por el delito de malversación, pero descarte el de rebelión. Si esto ocurriese, los tribunales españoles no podrían juzgar al president por este delito, lo cual sería también un serio revés para Madrid.