Tras el arresto del president Carles Puigdemont, en Alemania se está haciendo mucha referencia a la detención de su antecesor, Lluís Companys, atribuida a la Gestapo. Pero dejar el asunto así sería aceptar el relato (post)franquista sobre lo que ocurrió aquel 13 de agosto de 1940 en un pueblo bretón.

Aquel día soldados alemanes registraron la villa alquilada Ker Himer Vad, que Companys habitaba junto a su esposa, Carme Ballester, en el pueblo bretón de Ar Baol (La Baule). Iban acompañando a dos policías españoles. Uno de ellos era Pedro Urraca Rendueles, adscrito a la Embajada española en París. Este falangista dirigía la caza de «rojos» y separatistas en territorio galo. Hasta dos meses antes solamente podía vigilar al exilio republicano, vasco y catalán, puesto que el Gobierno francés no quería extraditar a otros refugiados políticos, aunque ya estaba normalizando sus relaciones con la dictadura del general Francisco Franco.

El panorama cambió cuando la Wehrmacht conquistó París, el 14 de junio de 1940. De acuerdo con la legislación internacional, el Ejército de Tierra estableció su administración militar sobre el territorio ocupado, manteniendo la civil gala. En consecuencia, el alto mando alemán asumió también las labores policiales, ya que con el beneplácito de Hitler no quería ceder estas competencias a las SS de Heinrich Himmler y a su aparato policial y de inteligencia. Como argumento, la élite militar esgrimía que no quería que las SS provocaran una masacre en masa –como antes en Polonia– contra la élite política y académica de países occidentales. De hecho, subyacía una lucha de poder entre militares y SS.

El Ejército pensaba que con su policía militar, la Feldgendarmerie; su servicio secreto, la Abwehr; y el brazo ejecutivo de esta última, la Policía Secreta de Campo (GFP), disponía ya de suficientes organizaciones parapoliciales para no tener que recurrir a las SS. No obstante, Himmler envió a un reducido grupo de sus agentes a París, camuflados con el uniforme del GFP y sin autoridad alguna.

En esta situación, Urraca se hizo amigo de las SS, entregándoles el archivo de la Policía francesa a cambio de la liberación de un alto cargo policial galo. La Abwehr no tenía problemas con dejarle la caza de los rotspanier («rojoespañoles») puesto que tenía otras prioridades. Parece que fue la GFP «auténtica» la que, con Urraca, detuvo a Companys. Después los alemanes lo recluyeron en la la prisión parisina de La Santé, donde la Wehrmacht tenía todo un ala a su disposición.

El caos de competencias complicó la entrega de Companys, porque el Ejército germano desconocía el acuerdo policial que en 1937 firmó Himmler con su homólogo franquista, el general Severiano Martínez Anido. Así se aceleró en plena guerra del 36 la entrega de presos políticos entre Gestapo y Policía española, dejando al margen a ambos ministerios de Exteriores, que tradicionalmente trataban estos asuntos judiciales.

Los problemas que la Wehrmacht puso a Urraca fueron tales que su jefe –el director general de Seguridad, el falangista conde de Mayalde, José Finat– intervino personalmente en París, de escala a Berlín. Aun así, tuvo que recurrir a su superior, el ministro de Gobernación Ramón Serrano Suñer, a la sazón cuñado de Franco, para que intercediera con el régimen nazi. Al final las autoridades militares cedieron, pero exigiendo que la diplomacia española solicitara por escrito la entrega del político catalán. Mayalde presionó a su Embajada para que emprendiera los respectivos pasos. «He dirigido un escrito a las Autoridades de la prisión de La Santé a fin de que COMPANYS sea entregado a primeras horas del día de mañana al Señor URRACA, para su conducción a Madrid», reconoce el ministro consejero encargado de la Embajada, Cristobal del Castillo y Campos, el 26 de agosto, trece días después de la captura.

Al día siguiente día Urraca se llevó a Companys. Un oficial alemán les acompañó hasta Irun, donde formalizó la entrega. Tras torturarle y juzgarle, el régimen franquista ejecutó al president el 15 de octubre de 1940 en la fosa que rodea al castillo de Montjüic de Barcelona. La Embajada alemana documentó la ejecución a base de las informaciones facilitadas por personas cercanas. Ni Suñer ni Mayalde tuvieron que responsabilizarse del crimen.

50 años después, el ministro de Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, famoso por sus jerseys de color amarillo, reconoció públicamente: «Somos conscientes de la participación alemana». Mientras el Parlamento alemán invalidó todas las sentencias de la Justicia nazi, el español mantiene en vigor las franquistas, incluida la pena de muerte al president Lluís Companys.