La economía libanesa está empantanada desde hace siete años debido a sucesivas crisis políticas, que han dado lugar a que la actual Cámara de Diputados haya prolongado su propio mandato hasta en tres ocasiones. Por ello, las elecciones legislativas del próximo mes de mayo serán las primeras desde 2009. A esto se suma el conflicto en la vecina Siria y la llegada de cerca de un millón de refugiados.

Es en este contexto en el que mañana tendrá lugar en París una conferencia de donantes, bautizada “CEDRE” (acrónimo que coincide con la palabra “cèdre” –cedro, en francés–, el símbolo nacional del Líbano), con la participación de representantes de varios países árabes y europeos, así como de instituciones financieras regionales e internacionales. En esta cita, Líbano espera recoger «entre 6 y 7 millones de dólares en forma de líneas de crédito y donaciones», según indicó a la Agencia France-Presse (AFP) Nadim Mounla, consejero del primer ministro, Saad Hariri.

En vísperas de la conferencia, las autoridades libanesas han adoptado, in extremis, su nuevo presupuesto para este 2018, que prevé un déficit de 4.800 millones de dólares, frente a los 2.300 millones del año 2011, en el inicio de la crisis siria.

Ante este grave deterioro, «la probabilidad de una crisis sistémica es cada vez más alta», advierte el economista Paul Doueihy.

(In)estabilidad monetaria

En ausencia de cualquier reforma estructural, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había puesto en guardia, en una nota alarmante difundida en febrero, a las autoridades libanesas ante el creciente peso de la deuda pública. Según estimaciones, esta es de más de 80.000 millones de dólares, lo que supone el 150% del PIB, el tercer ratio más elevado a escala mundial, tan solo superado por Japón y Grecia, y podría alcanzar el 180% en cinco años, según el FMI.

Con un déficit público del 10% del PIB, «Líbano tiene una necesidad crucial de un plan de consolidación fiscal», previene la institución internacional. «Pero el Estado no cesa de aumentar sus gastos», se lamenta Doueihy.

Mientras tanto, el Parlamento libanés adoptó en julio pasado una subida de salarios en el sector público cuyo coste anual se calcula en más de 1.000 millones de dólares. En paralelo, «el Estado ha contratado 26.000 nuevos funcionarios durante los últimos tres años», indica Nassib Ghobril, director de investigación en Byblos Bank.

Y, si las finanzas públicas están en el ojo de este huracán financiero, los temores a una devaluación monetaria tampoco han desaparecido del todo.

En noviembre, el Banco del Líbano (BDL) recogió más de 800 millones de dólares de sus reservas de divisas extranjeras para detener las conversiones al billete verde y mantener el tipo de cambio fijo en 1.507,5 libras/dólar, establecido en 1997.

Pero los factores estructurales que han originado la fragilidad monetaria persisten. Con un saldo deficitario crónico de la balanza corriente –el 20% del PIB el año pasado– la libra libanesa está sobrevaluada artificialmente, según consideran los especialistas. Por lo tanto, «el tipo de cambio nominal efectivo ha aumentado significativamente en los últimos años», como subraya el citado informe del Fondo Monetario Internacional.

Evasión fiscal

Ese retorno a la estabilidad monetaria se ha producido, además, a expensas de un aumento sustancial de las tasas de interés –del 6% al 9% como media sobre los depósitos en libras libanesas–, que probablemente penalice la inversión e incremente el costo del endeudamiento del Estado.

A esto se añade una reducción del margen de financiación del Estado por parte de los bancos, en este caso debido a la desaceleración del crecimiento de los depósitos. En 2017, estos aumentaron un 4%, frente al 12% en 2010, en vísperas de la guerra de Siria.

Para evitar una eventual quiebra, el Estado debería reducir «urgentemente» sus gastos y aumentar sus ingresos, aseguran los economistas. Pero, recientemente, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas fiscales, entre ellas la subida del IVA al 11%, con el objetivo de financiar la nueva escala salarial.

«En un contexto de crecimiento débil y de erosión del poder adquisitivo, es difícil aumentar aún más los impuestos», resalta Marwan Barakat, director del departamento de investigación de Bank Audi.

Mirando en otra dirección para reflotar sus arcas, el Estado puede dedicarse a luchar contra la evasión fiscal, calculada en 4.200 millones de dólares por año. «Si hay una voluntad política seria, Líbano puede recuperar hasta la mitad de lo que deja de ganar ahora, es decir, más de 2.000 millones por año», precisa Barakat. Pero esas reformas deberían pasar la prueba de la corrupción, de la que el 92% de los libaneses afirmaban tener constancia en 2016. Precisamente, en su último informe, la ONG Transparency International ha clasificado al Líbano en el puesto 143, sobre 180 países, en el índice de percepción de la corrupción.