En una rueda de prensa celebrada en Bilbo, el portavoz en Juntas del PP, Javier Ruiz, ha dado a conocer la moción que su formación presentará en el pleno del próximo día 18 con motivo a la atención de menores por parte de la Diputación.

Tras lamentar que la entidad foral ha llevado hasta la fecha una «política de oscurantismo y opacidad» en relación a los menores, ha apostado por sacar el debate del «cuarto oscuro» para que no se realice «de espaldas a la ciudadanía».

La moción, de cuatro puntos, propone crear una junta de coordinación en el que estén presentes todos los niveles institucionales que participan en la política de menores bajo tutela de la Diputación -Diputaciones, Departamentos de Seguridad, Educación y Justicia del Gobierno de Lakua, Fiscalía de menores y representantes de los ayuntamientos- que ofrezca «una respuesta eficaz e integral» que evite la «dispersión en la toma de decisiones».

A juicio del PP, en los últimos años se ha producido «descoordinación» institucional como demuestra el hecho de que días después del crimen de dos ancianos en el barrio bilbaino de Otxarkoaga «se activaron una treintena de órdenes de búsqueda de menores».

Asimismo, la moción insta a la Diputación a modificar el Protocolo de ausencias no autorizadas para que su comisión de seguimiento se reúna, al menos, con periodicidad trimestral y no de manera anual como sucede en la actualidad.

«Avalancha de menores»

El PP también propone que se incrementen los medios «materiales y humanos» de cara a que los centros de acogimiento residencial cuenten también con ratios de personal más altos ante la actual «escasez de plazas».

«En el centro de acogimiento de Loiu había el pasado año 60 plazas concertadas y 99 menores, mientras que en el de Amorebieta estaban concertadas 40 plazas y se acogía a 84 menores», ha asegurado Ruiz, para añadir que es necesario incrementar tanto el número de plazas como de profesionales.

Tras señalar que en 2010 el presupuesto destinado por la Diputación vizcaína a políticas de menores ascendía a 10 millones de euros, ha incidido en que en 2018 la cifra se ha incrementado hasta 11,2 millones cuando el número de menores bajo tutela y guarda ha crecido en el mismo período un 85% al pasar de 897 a 1.660 menores bajo tutela y guarda foral.

El PP ha asegurado que se está produciendo una «avalancha de menores no acompañados» procedentes del norte de Africa.