Los eurodiputados, de cinco grupos parlamentarios diferentes, reclaman que se elimine la consideración del delito de «terrorismo» y que se traslade la causa de la Audiencia Nacional española a un juzgado de Iruñea.

Además, denuncian que no se ha admitido la mayor parte de las pruebas presentadas por la defensa y exigen proporcionalidad en las penas, ya que la Fiscalía pide en la actualidad 375 años de prisión los procesados, con demandas de condenas que superan los 50 años para algunos.

En el documento hacen referencia al artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE qu estipula que «la intensidad de las penas no debe ser desproporcionada en relación con la infracción cometida. Creemos que el único motivo de acusarlos de terrorismo es para poder solicitar penas de prisión desproporcionadas».

Amnistía Internacional también ha pedido hoy que se retire el delito de «terrorismo» de las acusaciones que pesan sobre los ocho jóvenes de Altsasu procesados por una pelea con dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.