A las 10.00 de la mañana de ayer arrancó la vista oral del juicio contra Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta –máximos responsables de GHK en la pasada legislatura– en el Tribunal de Cuentas de Madrid. En la sala se encontraron con Denis Itxaso –actual teniente de diputado general en Gipuzkoa– y Arcadio Benítez –presidente de la Mancomunidad de Debabarrena–, que acudieron a la sesión como testigos de la acusación. A los primeros les demandan 46 millones de euros por «daños económicos» derivados de las decisiones adoptadas durante la legislatura en la que los segundos ostentaban puestos de responsabilidad en el Consorcio.

Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta de GHK, fue la primera en tomar la palabra. Acorde a lo resumido a GARA, quedó claro durante el juicio que ellos, los demandados, no provocaron los pagos –la indemnización por la rescisión del contrato con las empresas constructoras de la incineradora de Zubieta y los swap– por los cuales ahora están siendo juzgados. Intxaurrandieta basó su defensa en resaltar la legalidad de la rescisión del contrato y en recordar que no fueron ellos los que firmaron los swap.

En cuanto a la rescisión del contrato, declaró la expresidenta de GHK que se llevó a cabo acorde a lo que indica la ley: «Nosotros aplicamos el 3% que se contempla en la ley, que sería lo mínimo que se puede pagar como indemnización. Tras el cálculo, se decidió, de mutuo acuerdo, que el montante destinado a la compensación sería de 8,2 millones de euros». El otro tema a juicio, nunca mejor dicho, era el de los swap. Intxaurrandieta, tras recordar que el contrato con las constructoras preveía 19 cláusulas para su rescisión, considera que «no es lógico» que no haya ninguna para dejar de pagar los intereses del mencionado producto financiero. «Se podía rescindir el contrato con las constructoras, pero había que seguir pagando el swap. Es en eso en lo que fallaron los responsables de la legislatura previa a la nuestra».

Sobre dimensiones y toneladas

Los demandantes reconocieron que el proyecto de la incineradora estaba sobredimensionado, lo que, según ellos, no era razón de peso para dictar la paralización de las obras. El abogado de la acusación insistió en la idea de la redimensionización de la infraestructura, extremo contemplado pero descartado por los responsables de GHK en 2013 según Intxaurrandieta. «Era imposible. Tendríamos que haber reducido en más de un 10% el presupuesto acordado con las empresas constructoras, ajuste contrario al propio ser del acuerdo, que estaba sujeto a regulación armonizada. Por ley, no podíamos modificar el presupuesto acordado ni en más ni en menos de un 10%».

Otra de las consecuencias de la sobredimensión era el déficit económico de la infraestructura. GHK disponía de informes en los cuales los interventores advertían de que la construcción de la planta acarrearía al herrialde un déficit anual de unos 10 millones de euros. Es más, las previsiones de recogida de residuos han resultado ser certeras, hasta conservadoras en algunos casos. «Tuvimos que tomar una decisión entre construir una infraestructura deficitaria o rescindir el contrato con las empresas constructoras, y optamos por lo segundo».

El abogado de la acusación también puso sobre la mesa la idea de importar residuos de otros herrialdes, a lo que Errazkin respondió tajantemente: «Eso sería contrario a los estatutos de GHK, que dicen que el deber del Consorcio es dar respuesta a las necesidades de nuestro herrialde».

Para Intxaurrandieta queda claro que tanto PNV como PSE quieren que toda la responsabilidad caiga sobre ellos, pero tiene claro de dónde viene lo que está en tela de juicio: «¿Había que pagar los swap si hubiéramos continuado con la construcción de la incineradora? Sí. La firma de estos swap es lo que provocó daños al Consorcio, no el haber paralizado las obras de la incineradora de Zubieta».