Los grupos del PNV y PSE han registrado en el Parlamento de Gasteiz su propuesta que se basa en las líneas que ya presentó en la Cámara la consejera de Empleo y Políticas Sociales de Lakua, Beatriz Artolazabal, en mayo del año pasado.

Además de la novedad de la creación de esta renta para pensionistas con bajos recursos, que tendrá una cuantía máxima de 784,88 euros para un solo miembro en una unidad convivencial, la propuesta de los socios del Gobierno de Lakua para reformar la actual ley establece un nuevo indicador para el cálculo de las prestaciones que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional utilizado hasta ahora: el Indicador de Gastos Mínimos Comunes (IGMI).

También, como novedad, se establece con carácter general la concesión de una RGI por unidad de convivencia, que estaría constituida por todas las personas que residan en una misma vivienda, «con independencia de las formas de relación jurídica, afectiva o familiar existentes entre ellas, y de la situación que haya ocasionado la convivencia».

Tanto la renta de los pensionistas como la de garantía de ingresos se mantendrán como prestaciones sujetas a derecho subjetivo, es decir, a las que tendrán obligación de hacer frente las administraciones si se cumplen los requisitos de los solicitantes.

Para la determinación de las cuantías de ambas prestaciones, los grupos del Ejecutivo de Lakua plantean establecer un Indicador de Gastos Mínimos Comunes que recogerá el «valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente, en solitario, a las necesidades básicas asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento».

Según la proposición, la cuantía máxima de la RGI para un solo miembro de una unidad convivencial sería de 659,75 euros, cantidad que se iría incrementando en función de las personas a cargo del titular de la prestación, como menores, otros adultos, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, entre otros.

En el caso de la RGP, el núcleo pensionista estará integrado por el perceptor de la pensión y su cónyuge o pareja de hecho. El objetivo de esta nueva prestación es complementar, hasta los 784,88 euros en el caso de una única persona o a los 978,26 euros en el caso de dos, las pensiones que no lleguen a esas cuantías.

Para poder acceder a ambas prestaciones, la de los pensionistas y la de garantía de ingresos, se deberán cumplir unos requisitos como tener al menos 23 años, estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo, y demostrar una actividad laboral remunerada durante al menos cinco años.

La concesión o denegación de las dos rentas corresponderá a Lanbide y de las AES al ayuntamiento correspondiente. Además Lanbide podrá realizar todas las actuaciones de «comprobación y supervisión» al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los solicitantes, titulares y beneficiarios de la prestación.