23 de abril del año pasado, el portavoz parlamentario del PP en la CAV, Borja Sémper, afirma en una entrevista al 'Diario Vasco' que «si ETA se disuelve, la política de dispersión cambiará en 48 horas». Varios usuarios de Twitter le han recordado estas palabras después de que ETA anunciará su final el pasado jueves. Entre ellos, el senador de EH Bildu Jon Iñarritu.

Sémper es un político que suele responder a las preguntas que le lanzan por Twitter, pero, por el momento, el silencio brilla por su presencia...

Lo cierto es que no es el único alto cargo del PP que se ha pronunciado en esa dirección. El día que se publicó aquella entrevista varios tuiteros le recriminaron que no era una voz autorizada para realizar tales anuncios, el político donostiarra respondía recuperando unas declaraciones del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

En efecto, Sémper compartió un titular de dos años antes, de febrero de 2015, cuando el presidente del Gobierno español respondía a una pregunta parlamentaria supeditando el cambio de la política penitenciaria a una eventual disolución de ETA:

Rajoy añadía otros condicionantes a presos y presas, como la «colaboración con las autoridades» y la «petición de perdón», pero concluía su intervención diciendo lo siguiente: «el mejor procedimiento para terminar con esto, y esto no lo pone en tela de juicio nadie, es que ETA anuncie su disolución».

Otros mandatarios del PP se han pronunciado en términos similares. Semanas antes de la entrevista de Sémper, Amaya Fernández, recién elegida secretaria general del PP de la CAV, declaraba en varias radios que si ETA se disolvía «el camino natural» sería revisar la política penitenciaria. De manera similar se manifestó en 2014 el entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz al afirmar que «Si ETA se disolviera, esa política de dispersión la podríamos reconsiderar con carácter general, porque se habría eliminado la causa que la motiva». Una rápida búsqueda en Google ofrece más anuncios similares, que ahora apuntan a quedarse en el olvido de la hemeroteca.

Y es que el día que ETA anunciaba su final, Rajoy apuntaba a que no habrá cambios en la política penitenciaria. Su argumento, que su única política será «aplicar la ley». Incluso en medios afines al PP le recordaban que el acercamiento de presos «no implicaría saltarse el marco legal», a lo que se podría añadir que, de hecho, supondría aplicar, efectivamente, la ley. El delegado del Gobierno español en la CAV, Javier de Andrés, sumaba ayer una nueva exigencia, decía que los presos ahora deben «desligarse del EPPK». Puede que sea el punto de partida de nuevas promesas destinadas al olvido.