Este jueves se ha celebrado en el Tribunal de Cuentas del Estado (CTE) la sesión en la que se han expuesto las conclusiones. La demanda que dio origen a este procedimiento fue presentada por GHK contra los anteriores gestores, Iñaki Errazkin, exdiputado de Medio Ambiente, y Ainhoa Intxaurrandieta, responsable de GHK durante el anterior Gobierno foral.

En la vista los abogados de GHK se han ratificado en sus posiciones y han defendido que los representantes de EH Bildu «adoptaron la decisión de rescindir el contrato» de la incineradora «al margen del interés general». Además sostienen que ello «ocasionó graves perjuicios económicos».

El fiscal se ha adherido a las peticiones de GHK, «ratificando la posición adoptada en su día, y solicitando el reintegro del quebranto económico causado que, hasta la fecha, asciende a 45 millones de euros».

Respaldo de LAB

En otro comunicado, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha trasladado el apoyo de su sindicato a Intxaurrandieta y Errazkin y ha puesto de relieve que ellos «no hicieron más que cumplir el mandato de los ciudadanos. Sin embargo, la decisión que tomaron obstaculizó el negocio de algunos y puso en duda el modelo que impulsa el PNV. Eso es lo que les quieren hacer pagar».