La Comisión del artículo 155 de la Constitución española, encabezada por el presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, sólo depende de la propia Mesa de la institución, sin que se vea afectada por el fin de la aplicación del 155, y es a este órgano al que en última instancia correspondería disolverla.

Además, según apuntan las agencias, «la Comisión del 155 tiene todavía pendientes varias iniciativas», entre ellas una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Esta solicitud fue tramitada a petición propia el pasado 14 de marzo para informar sobre la ejecución de las medidas aprobadas por el Senado, y se anunció para después de Semana Santa.

La Cámara Alta tiene claro que la conformación del nuevo Govern de la Generalitat, una vez investido Quim Torra, hará que decaiga automáticamente la aplicación de las medidas del 155, pero no tanto que ello suponga acabar con la comisión conformada por 27 miembros.

De hecho, las fuentes hacen notar que es posible que, si en el ejercicio de la función de control algún grupo parlamentario pide explicaciones al Gobierno español por aspectos relativos a su gestión en Catalunya durante la vigencia del 155, deberían de atenderse en el seno de esta comisión conjunta, aunque se soliciten cuando ya no estén en vigor.

«Otra cosa es que la evolución de los acontecimientos y los pasos que dé el nuevo Govern lleven al Gobierno a requerir nuevamente al Senado una aplicación del artículo 155, en términos diferentes a la actual, para lo cual tendría que seguir exactamente los mismos trámites que se dieron el pasado mes de octubre», añaden.

Ello obligaría a un requerimiento previo a la Generalitat para cumplir la ley y, en caso de no recibir respuesta satisfactoria, a especificar los aspectos concretos de aplicación del precepto constitucional que exigen el apoyo de la mayoría absoluta del Senado.