Así lo ha señalado en conferencia de prensa Pérez, quien junto a sus compañeros Carlos Couso y Rubén Velasco -Fanny Carrillo se encuentra de viaje aunque se alinea con el grupo crítico- ha negado las supuestas irregularidades que han servido a la dirección estatal para su expulsión hasta el punto de asegurar que «volvería a hacer todo de lo que me acusan burdamente».

Por el contrario, ha denunciado «acoso político y personal» contra su persona, y ha lamentado las acusaciones de «corrupción, de haber utilizado mi cargo para beneficio propio, de percibir retribuciones que no me corresponden o de haber hecho dejación de funciones».

Para «reparar» su «dignidad» y porque «la ciudadanía merece que explique qué ha pasado», ha comparecido con argumentos y copias de correos electrónicos que rebaten esas acusaciones al demostrar que ella ya cursaba el Máster pedagógico conocido como CAP antes de que en el Parlamento votara a favor de establecer una moratoria para su obtención, en una moción de UPN que había asumido sus propuestas.

También ha dicho poder constatar que no se negó a asumir su cese como portavoz del grupo parlamentario, y que no hizo a su juicio dejación de sus funciones cuando no asistió a un pleno, en el que no hubo votaciones por lo que su ausencia no fue relevante, o cuando fue sustituida en «no más de cinco comisiones» que compensó con otras tantas sesiones que no le correspondían a ella, una dedicación que «siguió siendo la misma», por lo que no se aplicó la reducción proporcional de retribución.

En su prolija intervención, ante la «imposibilidad de resumir los cientos de folios que presenté en alegaciones y anexos de pruebas, que no han sido tenidos en cuenta» por la Comisión Estatal de Garantías al decretar su expulsión ni han sido contrastados, Pérez lo ha englobado en los «ataques machistas, acoso, obstrucción interna, puenteos, difamaciones y conspiraciones» sufridas.

Ha dicho que ha sido víctima de «distintas formas de acoso y hostigamiento» desde el primer momento en el que fue elegida para liderar la formación -«probablemente» porque no era del gusto de la dirección-, y ha reconocido sentir que se le ha «maltratado» desde una formación cuyo nombre ya no puede llevar.

«No nos vamos, nos echan», ha subrayado, aunque ha asegurado que el año que aún queda de legislatura continuarán trabajando en el Parlamento, con cuya presidenta y compañera, Ainhoa Aznarez -alineada con el grupo oficial-, se ha mostrado muy crítica hasta el punto de no descartar cambiar de nombre al grupo parlamentario, donde cuenta con el apoyo de cuatro de los siete escaños.

Se ha «puesto en riesgo al grupo parlamentario y con él las mayorías del cuatripartito dentro de la Cámara y la propia estabilidad del Gobierno», ha advertido para incidir además que todo esto, «sólo imputable a la dirección actual» de Podemos Nafarroa, ha «fracturado» la formación, ha traído su «descrédito» y «ha puesto irresponsablemente en riesgo la unidad del espacio político que ocupamos en 2015».

Preguntada por la posibilidad de crear otra formación diferente de Podemos lo ha negado de forma rotunda al señalar: «No voy a contribuir a disgregar el voto», si bien posteriormente ha emplazado al debate de las bases a decidir en foros abiertos sobre esta y otras cuestiones.

«Aunque quieran echarnos nos resistimos a abandonar y dejar la ilusión de la gente en manos de una dirección que la desprecia», ha insistido, para animar a «volver a reconstruir» el espacio que se ganó, aunque todo sobre la base de un «verdadero debate estratégico de fondo», el de «dónde y cómo se han de tomar las decisiones, si aquí o pidiendo permiso a Madrid».

Otro de los debates, ha dicho, debe ser reflexionar sobre «si se ha cumplido o no con las expectativas» que la ciudadanía depositó en el cuatripartito y «qué programa» deben defender para las elecciones de 2019, que «deberá hacerse desde abajo, con la gente, por encima de las siglas e intereses personales o partidistas».