El juicio por los incidentes ocurridos en una manifestación en Iruñea el 11 de marzo de 2017 comienza el lunes en la Audiencia Nacional español. Los cuatro encausados se enfrentan a una petición fiscal de 7 años de prisión, pena de inhabilitación absoluta por un tiempo de 13 años, pena de libertad vigilada durante 5 años y 45.000 euros de indemnización por los daños.

Los encausados son cuatros jóvenes: tres de Errenteria que fueron detenidos el día de los hechos y permanecieron ocho meses en prisión, y un cuarto de Beasain que fue encausado en octubre junto con 11 personas más, para las cuales la juez dictó posteriormente el sobreseimiento.

El escrito de acusación implica a los cuatro jóvenes en unos hechos que considera constitutivos de «desórdenes públicos terroristas». «Consideramos absolutamente injusta y desproporcionada esta petición fiscal como el proceso judicial», han apuntado durante la concentración celebrada hoy.

Asimismo, han señalado que durante el proceso, «se han conculcado derechos básicos como son la presunción de inocencia y el derecho a la libertad».