El resultado de la votación de las cuatro propuestas se presentaba incierto, ya que las dos formaciones políticas con más diputados –el gobernante Partido Socialista y el conservador PSD– habían otorgado libertad de voto a sus parlamentarios.

Los cuatro proyectos, presentados por partidos de izquierda, coincidían en exigir como requisito indispensable que el enfermo fuese mayor de edad, careciese de problemas mentales que le pudieran influir a la hora de tomar la decisión y padeciese una dolencia incurable.

El solicitante debía confirmar varias veces su voluntad y los médicos podían acogerse a su derecho de objeción de conciencia y negarse a practicar la eutanasia al enfermo.

Estos han sido los principales argumentos que han defendido los diputados a favor durante el debate de los proyectos, presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda (BE), Los Verdes (PEV) y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN).

Maria Antónia Almeida Santos, encargada de presentar la propuesta del PS, ha defendido que el texto protege al enfermo –exige que tienen que estar conscientes para solicitar la eutanasia– y salvaguardaba el «sentido ético» de los profesionales sanitarios.

Por su parte, José Manuel Pureza (BE) ha pedido que el «miedo» y los «prejuicios» no condicionaran la votación, mientras que la líder de Los Verdes, Heloísa Apolónia, ha considerado que «nadie» puede influir en la decisión de un enfermo sobre esta materia.

También el diputado único del PAN, André Silva, ha defendido que la intervención voluntaria para acelerar la muerte a petición del enfermo es simplemente un acto «de altruismo» y «de pura bondad».

Entre los argumentos en contra que se han escuchado en el debate, la diputada democristiana Isabel Galriça Neto (del CDS-PP, el partido más a la derecha del hemiciclo) ha señalado que el sufrimiento es «tratable» y ha insistido en la necesidad de reforzar los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.

Los cuidados paliativos también han sido uno de los argumentos de los comunistas y el diputado António Filipe ha considerado «inaceptable» que un Estado no ofrezca condiciones dignas a sus enfermos para que pasen la última etapa de su vida de forma digna.

El líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Fernando Negrão, ha opinado que no ha habido suficiente «debate» y «reflexión» sobre un tema que así lo exige y ha acusado al Gobierno de no cumplir el plan estratégico que presentó sobre cuidados paliativos.

Al final, la mayoría de los diputados se ha mostrado en contra de los cuatro proyectos, de los que el presentado por el PS ha sido el que ha registrado la votación más igualada: 110 apoyos, 115 rechazos y y 4 abstenciones.

Los bloquistas, los ecologistas de Los Verdes y el PAN han votado en bloque a favor, mientras los democristianos y los comunistas se han opuesto, y el resultado final ha dependido de la libertad de voto dentro del Partido Socialista y el PSD.

Cientos de personas en contra de la despenalización de la eutanasia se han concentrado a las puertas de la Asamblea de la República para expresar su rechazo.

La eutanasia ya fue debatida el año pasado en el Parlamento portugués a raíz de una petición del movimiento cívico «Derecho a morir con dignidad» firmada por más de 8.000 ciudadanos, que no conllevó votación, pero supuso el inicio de las conversaciones sobre el asunto.

El debate se ha instensificado en los últimos días en Portugal, país con un 81% de católicos y donde varios líderes y antiguas figuras políticas se han sumado a la discusión pública para manifestar sus opiniones al respecto.

Ha sido el caso del primer ministro portugués, António Costa (PS), quien se ha mostrado a favor, al igual que el líder de la oposición, Rui Rio, que también ha apoyado la despenalización.

Por el contrario, Aníbal Cavaco Silva (PSD) y los antiguos jefes de Gobierno Pedro Passos Coelho y Pedro Santana Lopes, también conservadores, manifestaron abiertamente su rechazo.

La eutanasia es legal en tres países europeos –Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo– y, fuera de este continente, está también autorizada en Canadá, Colombia y el estado australiano de Victoria, donde entrará en vigor en junio de 2019.