La nueva ministra española de Educación y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado orden a los bancos para levantar el control financiero de las cuentas de Catalunya. «Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Catalunya pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España», ha precisado.

La decisión ha sido presentada rápidamente como un gesto hacia Catalunya, pero la realidad no es tan generosa. La intervención total de las finanzas de la Generalitat –que no podía acceder ni a sus propias cuentas– se decretó el 15 de setiembre, en plena carrera hacia el 1-O, pero con fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2017.

Antes de que venciese dicho plazo, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en una orden publicada en el BOE del 27 de diciembre, vinculó el control absoluto de las cuentas catalanas a la suspensión de su autonomía, es decir, a la aplicación del artículo 155.

Aunque Celaá ha presentado la decisión como «una medida de normalización», lo cierto es que, tras el fin del 155 –en el momento en que se constituyó el nuevo Govern–, la intervención total de las cuentas catalanas dejó de tener el amparo legal que le daba el Senado, por lo que hubiese sido ilegal mantenerlo. Si se quería mantener, el nuevo Consejo de Ministros debería tomar medidas adicionales.

Además, el fin de la intervención absoluta de las cuentas de la Generalitat no significa que se ponga fin al control financiero de las instituciones catalanas, que son fiscalizadas desde 2015. Así lo aseguró la propia Celaá: «No significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas». El Govern seguirá obligado a rendir cuentas de sus gastos cada dos semanas, algo que ninguna otra Comunidad Autónoma tiene que hacer.