«Querría utilizar estas líneas para sensibilizar sobre mi situación, ya que, en efecto, me parece que no es bien conocida o que no se tiene conciencia de lo que ésta significa.
Condenado a la RCP (reclusión penal a perpetuidad), cumplo actualmente el año 29 de encarcelamiento. La ley francesa en vigor dice que, en mi caso, para poder aspirar a un cambio de régimen de detención he de pasar obligatoriamente por un periodo de prueba –bien portando pulsera bien mediante un régimen de semilibertad– de una duración de entre uno y tres años.
¡Ello para acceder a una libertad condicional, marcada por estrictos controles, y que se prolongaría al menos durante diez años más!
Y, por descontado, siempre que los jueces antiterroristas den su acuerdo y, sobre todo, que después de que lo hagan el parquet (Estado) no presente recurso en contra.
A ello hay que añadir, según se me ha hecho saber por el CNE (Centro Nacional de Evaluación), que además me vería afectado por una prohibición de residencia en todo el llamado Gran Sudoeste, pese a que tal medida no fue decidida en el juicio en el que se me condenó.
Tal prohibición duraría al menos cinco años, a condición de que acepte esta suerte de deportación a la que no se llama por su verdadero nombre.
Esa medida, a la vista de mi edad y al tiempo en prisión que habré alcanzado para entonces, pero también por el nuevo sacrificio que implicaría para mi entorno, es definitivamente inaceptable.
Por lo tanto, estoy condenado, de hecho, a una muerte segura, aunque la misma llegue de forma más lenta que si se me infligiera mediante guillotina. La sola diferencia es que el legislador la ha disfrazado hipócritamente, a fin de que el común de los mortales no la perciba como tal.
¡En todo caso, no cabe dudar de que Francia es el país de los derechos humanos ni cabe poner en cuestión ni su legislación ni sobre todo sus prácticas!
He sido condenado a perpetuidad por actos cometidos en el Estado español en un contexto completamente diferente al actual. Si, en vez de haber sido arrestado en el Estado francés, hubiera sido detenido en el Estado español, habría sido juzgado automáticamente allí. Es más, en esa época y por esos hechos la legislación española contemplaba una condena cuyo máximo legal de cumplimiento no podía rebasar los 30 años. Es decir, que en dos años estaría en libertad, mientras que, de acuerdo a la legislación francesa en vigor, no seré liberado nunca.
Es por ello que mis abogados han solicitado una conmutación de pena a 30 años, que es el tiempo máximo que, como he explicado, habría pasado en la cárcel de haber sido juzgado allí. Las autoridades francesas, a las que cuando se trata de causas que afectan a vascos a menudo cuesta tomar decisiones que puedan ser molestas a ojos del Gobierno español, tienen esta vez la oportunidad de actuar sin que nada puede serles reprochado por parte de sus amigos del país de Cervantes.
Se trata de conmutar la cadena perpetua, que no tiene límite de tiempo, por una pena de 30 años que, insisto, habría sido el tiempo máximo que habría pasado en prisión de ser condenado por actos cometidos en el Estado español. Además, esa medida es la única opción que tengo de quedar libre un día y pasar en libertad los pocos años que me queden de vida.
Ahora, ya conocéis cuál es mi situación».
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