En la denuncia, dirigida a la Sala Segunda y que se ha presentado en el registro del Supremo, se considera que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.

Considera que mantenerles en prisión supone un «ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria», ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.