Los abogados Onintza Ostolaza e Iñaki Zugadi han ofrecido una rueda de prensa en Bilbo en la que han corroborado algo que distintos agentes llevan meses denunciando, que la política de excepción hacia los presos políticosvascos se sigue manteniendo en el mismo grado que antes que ETA iniciase un proceso que ha acabado en su disolución. «Se ha acabado el tiempo de los excusas», ha subrayado Zugadi, quien al igual que su compañera han defendido que el régimen de castigo que soportan el 95% de los prisioneros no puede ser ajeno al nuevo tiempo.

«Este cambio de circunstancias no puede resultar indiferente al mundo del derecho. Desaparecido el factor excepcional, lo lóigico sería entender que deben desaparecer las políticas y medidas excepcionales, que tampoco –han defendido– tenían razón jurídica para ser aplicadas en tiempos anteriores». Así, han insistido en «separar la política penitenciaria de la antiterrorista »y situarla en el terreno de la justicia y el derecho».

Los letrados han explicado cómo sistemáticamente las solicitudes individualizadas de progresión de grado que realizan las presas y presos vascos con argumentos de índole penitenciario y jurídico son contestadas por instancias administrativas y judiciales con respuestas tipo de corte político e ideológico. Hasta en cuatro instancias son desestimadas todas las peticiones, lo que a juicio de Ostolaza y Zugadi supone un auténtico bloqueo.

A la paralización de un centenar de solicitudes de progresión de grado, que desde hace meses están pendientes de la resolución del titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, se suma la negativa a otorgar permisos ordinarios a los escasos prisioneros que están clasificados en segundo grado. Han apuntado a que solo los han disfrutado la ya expresa Sara Majarenas y Xabier Sagardoi, enumerando casos como el de Sebastian Etxaniz, al que con 75 años se le mantiene en la cárcel.

Ante esa situación de excepción, han emplazado al nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a que eliminen las directrices y directivas «restrictivas, generalizadas y de carácter político» que impiden a las presas y presos vascos «recorrer la trayectoria de resocialización o reintegración que las leyes prevén».

Al juez José Luis Castro le ha pedido que desbloquee los expedientes sobre la progresión de grado que tiene sobre su mesa. «Deje de fundamentar sus autos en criterios políticos, argumentos genéricos y anacrónicos y se sujete a derecho. Esto –han aclarado– significa que cumpla la legalidad ordinaria vigente y que fundamente sus autos teniendo en cuentas las circunstancias actuales y las circunstancias individuales de cada caso que se le plantea»

No ha faltado el llamamiento a dar por concluido el alejamiento de las presas y presos. «Además de ser de justicia y de derecho, y ser la única situación respetuosa con el derecho fundamental a la vida familiar, facilitaría, entre otras cosas, el trabajo de abogados y médicos de confianza», han añadido.

A preguntas de los periodistas, han reclamado a los responsables políticos gubernamentales que respeten el principio de legalidad. «veremos. Hay buenas palabras, nos remitimos a los hechos», han concluido.