Dicho plan, aprobado en diciembre de 2016, cuenta con una dotación de 100 millones: 40 a distribuir el primer año, 20 el segundo y otros 40 el tercero.

Los grupos IE, EH Bildu y Podemos habían presentado una enmienda conjunta para incrementar la dotación del plan en 29.695.000 euros para este 2018, un aumento que consideraban posible gracias al superávit producido el año pasado.

Aunque dicho incremento estaba «equilibrado en términos presupuestarios», la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha advertido de que supone un «desequilibrio en términos de contabilidad nacional, lo que implica un incumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto establecido para este ejercicio».

En esta misma línea, el Ejecutivo ha rechazado una enmienda de UPN que defendía añadir 35 millones más al importe fijado para 2019, por considerar que este incremento «no tiene encaje en las previsiones del Gobierno para 2019».

A pesar de la disconformidad del Ejecutivo con las propuestas, han sido admitidas a trámite gracias al respaldo de la Junta de Portavoces. Por ello, y antes de proceder a la votación, la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, se ha pronunciado para anunciar la retirada del proyecto de ley.

Según explicaba la consejera Elizalde en su intervención inicial, la modificación de la ley propuesta por el Ejecutivo respondía a que, desde la entrada en vigor del PIL, se constató que era necesario introducir «algunos cambios para facilitar la gestión del plan y hacer realmente efectivas estas inversiones en las entidades locales».

En nombre de Geroa Bai, Unai Hualde había mostrado su apoyo al proyecto inicial porque pretendía «corregir errores detectados, eliminar duplicidades y aclarar determinados conceptos» pero, en consonancia con el Ejecutivo, ha rechazado las enmiendas presentadas.

Respecto a la propuesta firmada por sus socios, no ha podido compartir «que sea posible la disponibilidad de este dinero gracias al superávit del año pasado porque eso no es automáticamente así, como bien saben los autores de esta enmienda».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha lamentado no haber obtenido una respuesta positiva por parte del Gobierno, al considerar que la enmienda de los tres socios no suponía «ningún caos ni ninguna hecatombe». De hecho, lo que se pretendía era «devolver a entidades locales lo que les pertenece». «Hemos visto una falta de valentía política», ha lamentado.

En la misma línea se ha mostrado el parlamentario de Podemos Rubén Velasco: «Sabemos que posiblemente sea temeraria y recurrida por el Estado por incumplir la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria, pero si lo que hace falta es voluntad política y rebeldía para hacerlo, por nosotros no va a quedar».

Conchi Ruiz, PSN, había apoyado tanto el proyecto inicial, por considerar que «subsana las deficiencias que se han detectado», como los incrementos de inversión propuestos en las enmiendas por ser, a su juicio, «algo positivo para las entidades locales».

El portavoz de IE, José Miguel Nuin, ha discrepado de la posición del Gobierno al considerar que «estas enmiendas no son temerarias».
«No hay una valentía temeraria, sino una posición valiente políticamente entendiendo que una interpretación flexible de la normativa sobre estabilidad presupuestaria permite perfectamente que esto sea aprobado y no sea recurrido por el Gobierno central», ha destacado.

Carmen Segura, UPN, ha dicho que esta es «prácticamente una nueva ley porque la que hicieron no hay por dónde cogerla». «Es una chapuza que después de año y medio deben arreglar», ha criticado.

En la misma línea se ha mostrado Javier García, PP, que ha coincidido en afirmar que lo que se pretendía aprobar hoy suponía la modificación del 40 % de la ley consensuada en 2016, un hecho que confirmaba lo «chapuza» que era el plan.