«Denunciad. No os quedéis callados. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto, pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado, pensadlo. Está muy bien condenar unos hechos, pero todos tenemos que ser partícipes del cambio». Podrían ser palabras de cualquier mujer víctima de la violencia de género. Estas en concreto son de la joven madrileña agredida sexualmente en los sanfermines de 2016 y las ha compartido públicamente en una carta tras el juicio y reciente puesta en libertad condicional de los cinco miembros de «La Manada» autores de aquella violación grupal. Un caso que ha removido conciencias e indignado a gran parte de la sociedad, que cuestiona el sistema jurídico y reclama una mayor perspectiva de género en su seno. El Palacio Miramar de Donostia acoge estos días un curso que trata precisamente de eso, de reflexionar sobre el papel de la judicatura y los medios de comunicación ante las víctimas de la violencia de género.

¿A qué se enfrenta una víctima cuando interpone una denuncia? Gran parte de la jornada de ayer giró en torno a esta pregunta, ante la constatación, con resoluciones como la de «La Manada», de que en muchas ocasiones el peso de la responsabilidad termina cayendo sobre la víctima más que sobre el agresor. Algo difícilmente de entender y que todos los ponentes de ayer destacaron en sus intervenciones.

La letrada Izaskun Porres comenzó cuestionando el coste de oportunidad de denunciar hechos así. ¿Merece la pena? Su respuesta: «La carta abierta de una mujer que ha sufrido –según sentencia no firme– la violencia machista dice que sí, nos anima a que ante cualquier situación machista, denunciemos». Ahora bien, este «acto de fe», tal y como ella lo definió, no impide hacer una lectura crítica del sistema actual.

«Cuando esa mujer valiente denuncia, se pone en marcha la maquinaria jurídico-social, que resulta imparable. ¿Y quién acompaña a esa víctima por su nuevo periplo? ¿Qué medios tiene a su alcance? ¿Quién protege a las víctimas? Y sobre todo y en lo que me quiero centrar en esta ocasión es ¿quién prepara a la víctima para leer resoluciones judiciales que en vez de poner el foco en la conducta del agresor, la ponen en la suya? Nadie», indicó la letrada.

El acompañamiento a la víctima, así como el mensaje que se lanza tanto desde la judicatura como desde los medios de comunicación, son elementos fundamentales según Porres. «¿Tienen que ser valientes las víctimas? ¿Valientes para qué? ¿Para denunciar? Pues sí. Deben ser valientes porque los últimos actos machistas han puesto de manifiesto que hoy en día a la mujer se le va a exigir, además, un comportamiento ideal, antes, durante y después de la denuncia, y ya llegando más lejos… mientras está siendo objeto del delito», criticó.

El juicio contra «La Manada» y el constante cuestionamiento al que ha sido sometida la víctima son tristes evidencias de ello. «¿Que te has besado antes de ser victima con otro hombre? ¿Que durante los hechos no has dicho ni sí ni no ni todo lo contrario? Tu dices que no has disfrutado, pero el mensaje que me permito lanzar sin argumento jurídico alguno, porque no lo hay, es que en ‘mi opinión togada’ sí has disfrutado. ¿Qué sigues tu vida y viajas? Mal. ¿Qué publicas algo en Facebook? Mal. Así que ¿realmente hemos avanzado algo? Creo que el inconsciente colectivo sigue igual», reflexionó.

Por ello reclamó la letrada que los mensajes judiciales resulten contundentes, que incidan en la conducta del agresor y no en la de la víctima, y que contextualicen con perspectiva de género los espacios en los que se llevan a cabo estos hechos. Una labor para la que exigió más recursos y valentía.

Mover el foco hacia ellas

Muchos profesionales han advertido de que es imprescindible introducir cambios y fomentar una perspectiva de género en el sistema jurídico. El presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, reconoció que es una de las grandes tareas pendientes y apuntó que las «respuestas incompletas» que se están dando responden a los modelos establecidos. «Como juez, falta que construyamos un modelo de Justicia que tenga perspectiva de género. Las críticas son llamadas de atención para hacer algo que no se está haciendo y está generado frustración social», destacó.

Incidió en que esos modelos establecidos parten de una situación de desigualdad, donde los hombres ocupan más espacio que las mujeres y ejercen poder sobre ellas. Este es, a su juicio, el primer elemento a tener en cuenta. «Se dice que el orden penal está en otro plano, en el plano sancionador. Y se dice que ahí no puede cuestionarse la igualdad. Yo creo que no es así. El Derecho Penal tiene que proteger. La perspectiva de género en el ámbito penal hay que construirla desde técnicas de protección reforzada», señaló.

En lo práctico, Subijana abogó por aplicar las leyes de manera que permitan construir espacios que eviten la revictimización. La acogida, protección y atención a la víctima son factores imprescindibles para ello; que sea informada y sepa cuál es su papel y posición en ese procedimiento.

Un proceso que, reconoció, no va a ser plato de buen gusto para la víctima. «El acompañamiento es importantísimo porque la víctima es la fuente de prueba y esa prueba en un momento va a ser cuestionada. Ahí no podemos situar la perspectiva de género», afirmó.

La situación de desprotección en la que ha quedado la víctima de «La Manada» tras la puesta en libertad de sus agresores ha abierto el debate sobre qué lugar ocupan las denunciantes en las decisiones judiciales. Para Subijana no cabe lugar a duda, las medidas cautelares hay que hacerlas desde la visión de protección positiva.

También considera que la perspectiva de género debe estar presente en la construcción de la prueba y a la hora de valorar los hechos. Propuso, por ejemplo, establecer límites en los interrogatorios y eliminar los estereotipos en la valoración del testimonio de la víctima. Así, no caben las preguntas sobre la respuesta de la víctima ante una situación violenta: «No hay que valorar el nivel de resistencia, esa no es la pregunta sino qué actitud tuvo quien está acusado: fuerza, intimidación…», expresó. Lo mismo con cuestionamientos sobre el nivel de socialización tras los hechos: «Como si tuviera que situarse en el autismo social.... Eso no puede ser objeto de juicio».

Muchas son las cuestiones pendientes de abordar para proteger a las víctimas. Ayer quedó patente la urgencia y la voluntad de ponerse a ello.

Uno de los condenados intentó obtener el pasaporte a pesar de tener prohibido salir

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a nueve años de prisión por «abusos» a la joven madrileña en los sanfermines de 2016 junto con los otros cuatro miembros de «La Manada», intentó el pasado lunes obtener el pasaporte a pesar de que tiene prohibido salir del Estado hasta que la sentencia sea firme. Se le denegó lógicamente, pero ello reabre el debate sobre el riesgo de fuga que dice no ver la Audiencia de Nafarroa. Lo ocurrido fue confirmado por la Policía española en un tuit, en el que presumió de haberlo detectado y al que ha añadido la etiqueta #AsíNO y un personaje de cómic.

La Fiscalía ha solicitado una nueva vista para pedir el ingreso en prisión de Guerrero ante el «riesgo de fuga» manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida «expresamente acordada» en el auto de que «no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro». También pide que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando del hecho al juzgado de Sevilla, por si los hechos pudieran suponer un «posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa».