Guerrero, según ha informado la Policía española, se personó en la oficina del pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) para sacarse el pasaporte, que tuvo que entregar en el juzgado, ya que le fue retirado por la Audiencia en el marco de las medidas cautelares impuestas para su libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, que le impiden salir del Estado.

Por este motivo, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de ingreso en prisión de Guerrero ante el «riesgo de fuga» manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida «expresamente acordada» en el auto de que «no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro».

También estarán presentes en la vista los abogados de las acusaciones, es decir, los letrados de la víctima (acusación particular) y del Gobierno de Nafarroa y del Ayuntamiento de Iruñea, personados en la causa como acusación popular.

Por su parte, el guardia civil y su abogado seguirán la vista por videoconferencia desde Sevilla.

Jesús Pérez, abogado de Guerrero, ha achacado lo ocurrido a un «malentendido quizás por parte de la Policía». El letrado ha explicado que Guerrero «se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo», ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero «no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar» e «incluso si tenían que quedárselo allí la Policía».

Esta versión es diferente a la facilitada por la Policía española, que ha remitido a la Audiencia de Nafarroa un oficio en el que insiste en que Guerrero se presentó en una oficina para renovar su pasaporte y alegó que lo hacía porque lo había perdido.

Dicho informe, firmado por el jefe superior de Jefatura de Andalucía Occidental de la Policía, José Antonio Pérez, subraya además que «en ningún momento» el guardia civil exhibió el auto de la Audiencia de Nafarroa por el que quedó en libertad provisional bajo fianza.