La acción duró cinco días, hasta que las cuatro personas encerradas en las minas fueron finalmente localizadas y desalojadas por la Ertzaintza.
Ocho años más tarde el asunto llega a los tribunales. El Gobierno de Lakua y Euskal Trenbide Sarea (ETS) son quienes ejercen las acciones penales, solicitan contra las cuatro personas encausadas penas de 1 año y 6 meses de prisión bajo la acusación de «desórdenes públicos», además de una indemnización conjunta a modo de «responsabilidad civil» de cerca de 60.000 euros: 47.157,52 euros por los «perjuicios que fueron ocasionados por la paralización de las obras» –las voladuras siguieron hasta la segunda jornada– y otros 11.629,41 euros por «los gastos que fueron ocasionados por su desalojo».
La sesión arrancará a las 9.30 y se ha convocado para las 9.00 una concentración de apoyo ante los Juzgado de Donostia.
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