En un auto fechado el pasado 17 de julio, el juez rechaza las solicitudes de sobreseimiento y archivo del caso solicitadas por las defensas de la mayoría de los acusados, aunque las acepta en dos casos, y transforma en procedimiento ante el tribunal del jurado una causa abierta en el año 2014, a raíz de una denuncia presentada por EH Bildu, por las supuestas irregularidades detectadas en la actividad de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Esta sociedad, creada en 2003 para la promoción urbanística en dicha localidad, se disolvió en 2011 con una deuda de 4,1 millones de euros que fue asumida por el ayuntamiento, en contra de los informes de la interventora municipal. No obstante, se estima que las irregularidades detectadas pueden superar esa cifra.

Por esas irregularidades en la gestión de dicha sociedad fueron imputados los exalcaldes del PNV en Alonsotegi Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban Aldama, además del exconcejal del PSE Secundino Gómez Rueda, dos arquitectos y tres asesores legales.

En el auto judicial, el instructor señala que en los casos de Martínez de Arenaza y Santisteban, así como en los de otros cuatro de los ocho imputados inicialmente, «no ha lugar al sobreseimiento libre y archivo interesado» porque los hechos relacionados con la citada sociedad urbanística «podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Administración Pública».

El juez sí ha sobreseído provisional y parcialmente el proceso con relación al ex edil Secundino Gómez Rueda y un arquitecto, al considerar que «no existen indicios suficientes» de su participación en los hechos denunciados.

Cinco posibles delitos

Se imputan cinco posibles delitos a los seis procesados –tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos–, aunque el juez sobresee el proceso de otros delitos de los que venían siendo acusados: los de fraude de subvenciones, prevaricación y contabilidad irregular.

Con relación al exalcalde Gabino Martínez de Arenaza, el juez recuerda que fue presidente de Alonsotegi Eraikiz desde su constitución en 2007, por lo que muchas de las operaciones investigadas se realizaron bajo su mandato. Ello lleva al juez a determinar que «al menos de forma indiciaria, podría estar implicado en las mismas».

Entre esas actuaciones, el magistrado cita unas contrataciones llevadas a cabo con el arquitecto y vocal de la sociedad urbanística Alberto Zulueta, otro de los procesados, así como un convenio con una inmobiliaria y las operaciones de construcción del campo de fútbol municipal y del centro de salud del municipio.

Respecto del otro exalcalde, Aitor Santisteban, el instructor recuerda que fue presidente, vicepresidente y vocal de la sociedad urbanística de Alonsotegi. «Evidentemente –dice el juez– las actuaciones llevadas a cabo en la mercantil en esos años no pueden serle desconocidas y no puede descartarse que, con su actuación, interviniera en las operaciones señaladas».

Sin publicidad ni concurrencia

En el caso de Zulueta, el juez le relaciona con dos contratos de consultoría y asistencia técnica, por importe conjunto de 551.000 euros, «con incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia». En el caso de las obras del campo de fútbol, le vincula con unos contratos en los que también se aprecian irregularidades.

Sobre otro de los procesados, el abogado Irkus Palacio, quien fue vocal, vicepresidente y gerente de Alonsotegi Eraikiz, el juez recuerda que en 2003 firmó un contrato para la gerencia de dicha sociedad con Martínez de Arenaza por importe de 721.394 euros, y que «habría sido adjudicado sin licitación alguna».

Con empresas vinculadas a Palacio se contrataron servicios de asesoría fiscal y contable por las que se pagaron más de 214.000 euros «sin que se formalizara contrato alguno o se hubiera dado cumplimiento a los principios de publicidad y concurrencia».