La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que enjuiciará el procés ha denegado la libertad solicitada por Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell al considerar que no hay modificación alguna de los motivos por los que el magistrado instructor, Pablo Llarena, acordó encarcelarlos.

En su escrito, el tribunal, que rechaza sustituir la prisión por otras medidas alternativas menos gravosas, argumenta que como órgano de enjuiciamiento no ha tenido contacto con las diligencias practicadas durante la instrucción de esta causa ni ha intervenido en la resolución de los recursos cuya competencia ha recaído en la Sala de Recursos y por tanto, la decisión de dejarles en libertad provisional exigiría constatar un cambio en los presupuestos que legitiman esa medida.

La Sala señala también que la decisión de Alemania de no entregar a Carles Puigdemont por rebelión «no tiene ninguna incidencia sobre el desenlace de la presente causa» y que «permanece intacta la capacidad jurisdiccional de esta Sala para decidir el qué y el quién de los hechos que fueron objeto de la querella –siempre, claro es, en función de las pruebas que habrán de desplegarse en el plenario–».

Y añade: «Todo intento de dibujar una línea jerárquica que someta las resoluciones de esta Sala al criterio de los jueces provinciales alemanes resulta manifiestamente improcedente y está condenado al fracaso».

Se trata de la primera vez que la Sala de Enjuiciamiento, presidida por el magistrado Manuel Marchena, se pronuncia sobre la negativa del tribunal alemán en un auto, cuyo ponente también ha sido el citado juez.

Lo hace en respuesta al recurso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que alegó que las argumentaciones con las que el tribunal alemán se negó a entregar al expresident catalán por rebelión son «absolutamente aplicables» a ella, que ni siquiera era miembro del Govern ni participó en la convocatoria del referéndum del 1-O ni en su celebración.

Un razonamiento «natendible» que, para el Supremo, parece intentar convertir al «tribunal provincial alemán en un extravagante órgano supranacional con capacidad para revocar las decisiones adoptadas por el juez español» encargado de instruir la causa, Pablo Llarena.