En la misiva, el president hace referencia, entre otras situaciones, al guardia civil que se encontraba entre las 14 personas identificadas el pasado fin de semana cuando planeaban retirar lazos amarillos en varios municipios de Tarragona.

Torra alude también a los «insultos» que, asegura, recibieron en una calle de Barcelona dos diputados del Parlament por parte de un policía y la «agresión» que sufrió el fotoperiodista Jordi Borràs a manos de otro agente de ese cuerpo.

El president pide aclarar los hechos «lo más pronto posible» y considera «urgente poner fin a la escalada de violencia en Catalunya por parte de grupos violentos, así como depurar responsabilidades».

En la carta, Torra recuerda que el pasado 9 de agosto solicitó a la delegada del Gobierno español en Catalunya, Teresa Cunillera, que explicara qué medidas disciplinarias preveían adoptar. «A la vista del silencio de la delegada del Gobierno, me veo en la obligación de dirigirme a usted para manifestaros mi preocupación y solicitar vuestra intervención», escribe Torra a Grande-Marlaska.

El president estima que estos hechos «parecen adecuarse» a las prohibiciones tipificadas en la legislación española, entre las que cita «la ostentación o utilización de armas sin causa justificada, así como su uso en acto de servicio o fuera de él infringiendo los principios y normas que regulan su uso», o la prohibición de «organizar o participar o asistir llevando armas, vistiendo uniforme reglamentario o haciendo uso de su condición de guardia civil, a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se celebren en lugares públicos».