«Quienes se esfuerzan por crear la ingeniería de la confrontación en Catalunya, que abandonen, porque no lo conseguirán. No vamos a caer nunca en la violencia», afirmó ayer el president Carles Puigdemont, tras reunirse en Waterloo con el president de la Generalitat, Quim Torra, para tratar el inicio del curso político junto a los exconsellers Meritxell Serret y Lluís Puig, la víspera de la primera reunión del Govern.

Puigdemont alertó de que hay partidos que «están flirteando con la violencia» y quieren dar la imagen de «una confrontación social en Catalunya incluso usando hechos y fotografías falsas» de presuntos altercados en torno a los lazos amarillos en la vía pública «para intentar crear una confrontación que no es real y que no lo será nunca».

Advirtió a estos partidos, sin identificarlos, «que tengan cuidado, porque no nos arrastrarán. Siempre estaremos en la parte del diálogo, de los votos y de las papeletas».

«La sociedad catalana no va a caer en provocaciones», insistió Puigdemont, en un momento en el que Ciudadanos, el PP o el propio Gobierno español siguen aludiendo a la supuesta motivación política de una agresión el pasado sábado tras una discusión entre un hombre y una mujer porque ésta retiraba lazos amarillos.

Mientras el hombre ha negado una motivación política en la trifulca, el marido de la mujer agredida, militante de Ciudadanos, admitió que el hombre «le llamó la atención por arrancar lazos y manchar el suelo, no sé si es por cuestiones políticas».

Puigdemont también criticó la decisión de la Fiscalía de investigar a los Mossos por haber identificado a quienes retiran lazos amarillos: «¿Cómo se atreven a investigarlos? Los Mossos hacen su trabajo», inquirió, y recordó que, en cambio, no había abierto ninguna investigación por la actuación de la Policía española durante el 1 de octubre.

«¿Que no investigue a los asistentes al Valle de los Caídos que cantan himnos franquistas y en cambio se atrevan a investigar a los Mossos que hacen su trabajo?», se cuestionó, a su vez, Torra, quien acusó a la Fiscalía de querer involucrar a la Policía autonómica en un conflicto político. «Hacían su trabajo correctamente, porque delante de un grupo que actúa de noche, con armas blancas, cualquier policía del mundo actuaría así», indicó. Ambos criticaron así la apertura de diligencias de la Fiscalía Superior de Catalunya por la identificación por parte los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de varias personas que retiraban lazos amarillos del espacio público el pasado mes de agosto en varios municipios de la provincia de Tarragona.

Por otro lado, el conseller de Interior, Miquel Buch, pidió por carta al ministro Fernando Grande-Marlaska que aclare eventuales responsabilidades de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado presuntamente involucrados en agresiones a independentistas.

Ambos presidents insistieron en reclamar al Ejecutivo español un proyecto político. «Necesitamos comenzar a ver ya no la fotografía y retóricas amables, necesitamos ver hechos», dijo Torra. Sobre esta cuestión, Puigdemont señaló que «si el presidente español lee bien la realidad» y las instituciones españolas lo saben aprovechar, podríamos estar ante un trimestre «de grandes oportunidades».

Pagar la defensa de Llarena puede sentar «un precedente gravísimo»

«Sentaría un precedente gravísimo que el Estado español pagase la defensa jurídica de un ciudadano español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción», advirtió ayer el president Carles Puigdemont en referencia al anuncio del Ejecutivo español de que defenderá al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en Bélgica por Puigdemont y los exconsejeros en ese país. «En una primera decisión que me pareció correcta, el Gobierno español se inhibía, como no puede ser de otra manera, de comprometer recursos públicos en la defensa de un particular», precisó.

Puigdemont señaló que el comunicado de Moncloa «no es claro» sobre si ha contratado o no un despacho de abogados en Bélgica para defender a Llarena. Añadió que «lo veremos el día 4», fecha para la cual está previsto que el abogado de Llarena comparezca ante un tribunal de Bruselas. «De lo que estoy seguro es de que hay muchas presiones políticas, lo que demuestra nuestra argumentación principal desde que empezó este maldito proceso contra el ‘procés’: todo esto es un montaje político, de persecución política», dijo. «Hay una defensa política de las posiciones de la Justicia y hay también posicionamientos políticos de magistrados que tendrían que tener la boca callada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo, que es por eso por lo que nosotros demandamos al juez Llarena».

A este respecto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó que el Gobierno español defenderá en Bélgica «hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España», que pasan también por «defender la actuación jurisdiccional» de Llarena. Tras las críticas recibidas desde la oposición política y desde la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, la ministra defendió los pasos dados por el Ejecutivo pero negó que se haya producido ningún cambio en su posición. A juicio de la mayor parte de las asociaciones de jueces, la posición del Ejecutivo rectifica la postura mantenida hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del ‘procés’ pero «en ningún caso» por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena. Mientras el PP pedirá que se estudie la presentación de una querella contra el juzgado belga por «inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española», para PDeCAT, el Gobierno español «se ha amedrentado ante la derecha judicial y política» y, según Gabriel Rufián (ERC), «muestra la poca valentía» del jefe del Ejecutivo.GARA

La ANC estudia «un parón de país»

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se plantea convocar un «parón de país» el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum, una propuesta que, en todo caso, aclaró que es «muy embrionaria» y que se está trabajando con sindicatos. Respecto a la celebración de la Diada, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, aseguró que «la gente entenderá que es más importante que nunca volver a hacer una demostración de fuerza del independentismo». Además, la Assemblea convocará concentraciones de protesta ante parlamentos o embajadas españolas en el extranjero el día en que comience el juicio del proceso soberanista, para «internacionalizar este juicio de la vergüenza». Igualmente, estudia la posibilidad de llevar a cabo una manifestación en Madrid. Paluzie afirmó, por otro lado, que la agresión a una mujer que quitaba lazos amarillos en Barcelona es una «polémica muy lamentable y muy provocada y buscada por Ciudadanos». «No hace falta buscar polémica donde hay una lamentable pelea entre dos personas», señaló, a la vez que denunció que hace meses que hay «grupúsculos que van por Catalunya con cuchillos y cara tapada quitando lazos». «Ha habido casos en que amenazan y agreden. Están buscando una reacción y poder vender el relato de una sociedad en la que hay violencia. Y como no lo consiguen, se acaban inventando las agresiones», declaró en RAC1.GARA