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El 20 de setiembre de 2017 dejó en la retina catalana dos fotografías imborrables. La primera es la de los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, pidiendo calma al pueblo encima de un patrol de la Guardia Civil aparcado delante de la Conselleria de Economía, epicentro de una operación policial que hace un año trató de asestar un golpe mortal al referéndum del 1-O.
No lo logró, como bien recuerda Ion Telleria en el comentario contiguo. Sànchez y Cuixart subieron al patrol para pedir evitar incidentes violentos y para desconvocar la movilización. En esos coches había pistolas que ni una de las miles de personas presentes tocó pese a la facilidad con la que se podía haber hecho. Aunque hablar de alzamiento violento cae por su propio peso tan pronto como se ven los vídeos de aquel día, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha utilizado aquella jornada para mantener a Sànchez y Cuixart en la cárcel hasta hoy. En cierta –y perversa– medida, se puede llegar a entender: aquella imagen de dos líderes llamando a la calma encima de un patrol echo polvo era letal para el Estado.
Ayer por la tarde miles de personas regresaron al lugar al que acudieron hace un año desde primera hora de la mañana, cuando empezó a correr la noticia de la operación policial en la que fueron detenidos altos cargos de ERC como Lluís Salvadó y Josep Maria Jové. Una cita a la que no faltaron diputados y consellers, y en la que el recuerdo a Sànchez y Cuixart fue protagonista en todo momento.
La segunda imagen imborrable de la jornada se dio en la sede de la CUP, a la que agentes encapuchados de la Policía española intentaron entrar sin orden judicial, en una actuación que hoy en día sigue viva en los juzgados. Al llamado de la CUP a defender su sede acudieron hace un año centenares de militantes y simpatizantes de la formación, pero también grupos anarquistas con sus banderas, representantes del espacio de los comuns como el concejal en Barcelona Jaume Asens, el diputado de Podem Albano Dante Fachín y hasta el exalcalde de Barcelona y dirigente convergente Xavier Trias. Uno de los líderes prominentes de un partido socialmente conservador y económicamente liberal defendiendo la sede de un partido manifiestamente anticapitalista. Aquello era imparable.
Antes de sumarse a la concentración celebrada ante la Conselleria de Economía, la CUP abrió ayer las puertas de su sede para conmemorar aquel día en el que, tras horas y horas de tensión y tira y afloja con varias unidades de antidisturbios, lograron mantener a salvo la sede sin que se dieran los incidentes buscados por la Policía española. De hecho, la formación aprovechó la jornada de ayer para denunciar que siguen sufriendo vigilancia policial.
«Un año después de aquel 20 de setiembre seguimos teniendo cuerpos y fuerzas de la Policía del Estado en torno de la sede de la CUP. Toman notas de todos nuestros movimientos, la represión no ha acabado», explicó en rueda de prensa la exdiputada y actual portavoz del Secretariado Nacional, Mireia Boya.
Escándalo en la magistratura
Pero no todo fue conmemoración ayer. Una filtración periodística sirvió para recordar que la partida sigue. Eldiario.es y Elmon.cat publicaron una serie de mensajes escritos por jueces en un chat privado acerca del proceso soberanista, en los que se leen perlas del tamaño de «El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos», «Con los golpistas no se negocia ni se dialoga», «Lo mismo que ocurrió en Alemania en épocas remotas» o «Puro nazismo».
En Catalunya, el Govern puso el grito en el cielo y hasta el president, Quim Torra, improvisó una comparecencia para exigir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Pero en España cerraron filas sin importar que quienes tienen que juzgar a los dirigentes independentistas los consideran directamente unos nazis. El presidente del Gobierno español esquivó el tema con un cómodo «no comento chats», mientras que Ciudadanos y PP volvieron a competir en el flanco derecho. «Es lo que pensábamos la mayoría de catalanes», inventó Xavier García Albiol (PP). «Son personas que respetan profundamente el Estado de Derecho y manifiestan opiniones personales», aseguró Carlos Carrizosa (Ciudadanos). No se acordaron del juez que, tras criticar las cargas policiales del 1-O, fue expedientado y multado con 600 euros.
La decisión sobre los diputados suspendidos por el TS, encallada
Quedan dos semanas para que el president, Quim Torra, haga frente a su primer debate de política general y, ahora mismo, no está nada claro que el independentismo tenga la mayoría parlamentaria suficiente para darle apoyo. Las elecciones impuestas del 21 de diciembre arrojaron un resultado de 70 diputados independentistas, frente a 65 contrarios a la secesión. Sin embargo, los diputados en el exilio –Puigdemont y Comín– y en la cárcel –Junqueras, Sànchez, Turull, Rull y Romeva– fueron suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El juez instructor de la causa contra el independentismo aprovechó una reforma legal realizada en su día para evitar que presos vascos pudiesen ser candidatos de Herri Batasuna y que permite suspender a aquellos cargos públicos que, sin condena, estén procesados por terrorismo o rebelión.
Aquello ocurrió en julio, pero dos meses después ERC y JxCAT siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo proceder. De hecho, el último pleno de julio acabó suspendiéndose ante el desacuerdo entre independentistas. En una situación ordinaria, el Parlament habría arrancado ya en setiempre sus actividades plenarias, pero la falta de un acuerdo ha condicionado también el inicio del curso político. JxCat y ERC ponen como límite para el acuerdo que condiciona la legislatura el debate de política general previsto para los días 2, 3 y 4 de octubre. Ambos coinciden en que sería un escándalo posponer el pleno, pero lo cierto es que, a falta de dos semanas, el acuerdo no llega.
Algunos cantaron victoria el pasado miércoles, cuando se filtró la reunión que miembros de los grupos parlamentarios de JxCat y ERC, incluido el president del Parlament, Roger Torrent, celebraron en la cárcel de Lledoners con los diputados encarcelados. La cita, sin embargo, no logró desencallar un bloqueo en el centro del cual, según la mayoría de informaciones publicadas en medios catalanes, se sitúa el futuro de Carles Puigdemont.
Pese a no ser una posibilidad contemplada ni en la ley ni en el reglamento del Parlament, el propio juez Llarena sugirió en su auto la posibilidad de suspender temporalmente a los diputados encarcelados y exiliados, a la espera de que una sentencia confirme o no la inhabilitación. Los servicios jurídicos de la Cámara catalana recogieron el guante lanzado por el magistrado y propusieron en julio una fórmula que evitaba la sustitución de los diputados: serían suspendidos temporalmente, pero sus escaños no serían ocupados por los siguientes en las listas electorales, sino que el voto quedaría en manos del presidente del Grupo Parlamentario. En la práctica, la solución no hacía sino mantener la situación previa, ya que antes de la suspensión decretada por Llarena en el mes de julio eran Albert Batet (JxCat) y Sergi Sabrià (ERC) los que votaban en nombre de los diputados exiliados y encarcelados, a través de la delegación del voto.
Así se llegó al pleno de finales de julio, cuando ERC y JxCat aseguraron tener un acuerdo sobre el futuro de los diputados suspendidos. Minutos antes de empezar la sesión, sin embargo, ambas formaciones se acusaron mutuamente de romperlo. Visto desde ahora, no está nada claro ni que hubiese acuerdo. Según se ha publicado, JxCat estaría de acuerdo en la suspensión de todos los diputados excepto en la de Puigdemont, a quien quiere mantener con el acta. El vicepresidente de ERC, Pere Aragonès, aseguró ayer que está de acuerdo en que «Puigdemont no tiene que dejar el acta», lo cual, en principio, debería dar solución a una patata caliente que amenaza el futuro inmediato de la actual legislatura. Pero ya veremos, los recovecos de la pugna de fondo entre JxCat y ERC son profundos e inciertos.B. Z.
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