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La Mesa del Congreso aprobó ayer con los votos mayoritarios de PP y Ciudadanos (C’s) excluir la enmienda del PSOE que intentaba sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit público con el fin de poder aumentar el techo de gasto.
La enmienda que introdujo la semana pasada la Mesa de la Comisión de Justicia al proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia de género suponía una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que evitaba que el Senado –donde el PP cuenta con mayoría absoluta– tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit y pudiera bloquear con ello la aprobación de los presupuestos de 2019.
El recurso a los respectivos subterfugios para sortear o mantener el bloqueo ha puesto en evidencia la opuesta interpretación del reglamento.
La vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, de Unidos Podemos, anunció que su grupo parlamentario recurrirá esta decisión al Tribunal Constitucional. A su juicio, es lo que el PP y Ciudadanos tenían que haber hecho si discrepaban por la aceptación de la enmienda por parte de la Mesa de la Comisión de Justicia, en lugar de utilizar y la Mesa de la Cámara.
Por el contrario, el vicepresidente primero, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, sostuvo que sí hay precedentes que avalan la medida al corregir a la de la Comisión de Justicia.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, negó que el acuerdo de la Mesa sea una decisión política sino del «principio de legalidad» por el que tiene que velar la Mesa. «Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán», denunció Pastor, en referencia a la posibilidad de que el PSOE lidere algún tipo de iniciativa parlamentaria para censurar su actuación.
Por su parte, el grupo del PSOE calificó de «arbitrario», «inaudito», e «inaceptable» el rechazo de la Mesa de la Cámara a su enmienda. Criticó que el PP y C’s se negaran a solicitar un informe técnico a los letrados de la Cámara y subrayó que la decisión de la Mesa es «contraria a la legalidad». Insistieron en que los miembros pertenecientes al PP y C’s actúan «según los intereses de sus partidos políticos y en clara vulneración de las normas vigentes», al igual que en al acuerdo de la Mesa del pasado 4 de setiembre.
En este caso negó la tramitación de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por vía de urgencia, con tramitación directa y en lectura única.
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