El Parlament ha desencallado esta semana, finalmente, el bloqueo generado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al suspender como diputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. Si el desbloqueo ha implicado desobedecer al TS o acatar su mandato, sin embargo, depende de dónde se mire y quién lo explique.

Para Ciudadanos, PP y PSC, que no han participado en la votación al considerar que las suspensiones decretadas por Llarena debían ser de aplicación automática, se trata de una nueva desobediencia del Parlament. Y eso que el PSC defendió en julio una solución similar al bloqueo. Para los sectores independentistas que reclaman actuaciones desobedientes efectivas no ha sido, sin embargo, más que un acatamiento encubierto, dado que los diputados suspendidos seguirán sin cobrar su sueldo. De hecho, ayer la ANC ya advirtió de que la prueba del algodón sería esa remuneración congelada desde julio.

La solución acordada finalmente por JxCat y ERC ha consistido en someter al pleno del Parlament dos votaciones. La primera sobre la suspensión completa de los diputados afectados, incluida la retirada del acta. En este punto, el pleno ha rechazado por mayoría absoluta la suspensión, al considerar que el Supremo no puede suspender a representantes democráticamente elegidos en base al artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal que exige actos de violencia y terrorismo para suspender a cargos públicos sin sentencia previa.

En el segundo bote, sin embargo, JxCat, ERC y Catalunya en Comú (CeC) han aprobado por mayoría simple que «mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios (de los diputados presos y exiliados) podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen». Es decir, que en vez de abandonar el acta y ser sustituidos por un nuevo diputado, será otro miembro de su grupo parlamentario el que vote por ellos. Y seguirán sin cobrar el sueldo de diputado.

Es la fórmula que, tras dos meses largos de bloqueo –el último pleno de julio se suspendió debido al desacuerdo sobre la materia– ha permitido a JxCat y ERC no colisionar frontalmente con el Tribunal Supremo –los diputados no votarán directamente ni cobrarán–, ni acatar completamente su dictado, logrando además mantener la mayoría absoluta independentista, que corría serio peligro, ya que sin los diputados exiliados y encarcelados, el soberanismo tiene menos votos que el unionismo.

Voto en contra de la CUP

Nada más arrancar el pleno matinal, la CUP ha informado a través de un comunicado su voto en contra del acuerdo entre JxCat y ERC, al considerar que la suspensión convierte al juez Llarena «en legislador». «Votar a favor sería asumir la intervención represiva del Estado español», han señalado los cuperos, que han considerado que el acuerdo aprobado «es un recurso más para acomodarse a la interlocutoria del Tribunal Supremo».

Aunque el letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, apuntó que un acuerdo de estas características requeriría mayoría absoluta, para lo cual eran necesario al menos un voto favorable de la CUP –sin los diputados exiliados y encarcelados, JxCat, ERC y CeC suman 67 escaños, uno menos de los 68 en los que se fija la mayoría absoluta–. Sin embargo, el secretario general de la Cámara catalana ha decidido esta mañana que con mayoría simple era suficiente, por lo que el acuerdo se ha acabado aprobando pese a las protestas del unionismo.

Aunque la votación de esta mañana seguirá su recorrido en los juzgados debido a la querella que Ciudadanos ha confirmado que presentará en contra del presidente del Parlament, Roger Torrent, la aprobación del acuerdo desbloquea la actividad parlamentaria, que esta misma tarde tiene una cita señalada con el inicio del pleno de política general. El president, Quim Torra, tomará la palabra a las 16.30 por tiempo ilimitado. Al acabar se suspenderá el pleno, que se retomará mañana a la mañana con las réplicas de los grupos parlamentarios.