El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo continúa practicando diligencias para esclarecer el supuesto fraude cometido al certificar obras que no se realizaron en Alonsotegi para justificar subvenciones que se recibieron del Gobierno español y la Diputación por las inundaciones de 2008. Por esos hechos están siendo investigados el exalcalde Aitor Santisteban, el arquitecto Alberto Zulueta y el aparejador Juan Torrontegi, a quienes se atribuyen delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos.

Ahora se suman a esa lista cuatro directivos de Laneder y Pabisa, las constructoras que ejecutaron esos trabajos, a quienes se les atribuyen delitos de fraude y falsedad documental. El juez ha adoptado esa decisión después de atender la petición de diligencias realizada por la acusación popular que ejercen los ediles de EH Bildu, a la que se han adherido la Fiscalía y el Ayuntamiento. Les tomará declaración el 3 de diciembre.

En un auto fechado el 18 de setiembre, el juez lo considera procedente ya que el objeto de procedimiento es probar si las obras certificadas y cobradas no fueron ejecutadas y se trataba todo de una artimaña para apropiarse de fondos municipales. Asimismo, no atiende la petición de Santisteban, Zulueta y Torrontegi para que se decrete el sobreseimiento del caso.

El juzgado también libra oficio a la Diputación de Bizkaia para que baraje, si lo considera oportuno, personarse en la causa, al existir indicios de que sufrió por ese proceder de los investigados perjuicios. Un caso similar es el de la administración estatal, por lo que la Abogacía del Estado se personó.

La Diputación subvencionó las obras de mejora y arreglo de los daños causados por la riada en el acceso y contenciones del campo de fútbol de Basteita, por el que se abonó a Pabisa 203.985,7 euros, y los trabajos de reparación del camino de Artiba y del acceso al campo de Basteita, por los que se pagaron a Laneder 448.184,44 euros.

De cara a profundizar en la instrucción, el juzgado solicita al Consistorio certificaciones de las obras realizadas a costa de las arcas municipales entre 2007 y 2015 en la plaza Dr. Madinabeitia, especificando fecha de realización de los trabajos, técnicos que los dirigieron, empresa que los ejecutó y fechas de los pagos junto con copias de las facturas. La acusación popular lo justifica para comprobar que esas actuaciones se realizaron y pagaron mucho antes de los expedientes que se falsificaron para cobrar las subvenciones.

Además, se reclama la identificación de los trabajadores de una ingeniería que visitaron Alonsotegi para evaluar los daños de las inundaciones de 2008, en el que dijeron que no habían observado daños «importantes» en contra de lo que les habían manifestado los responsables municipales.

Todas esas diligencias demandadas por la acusación popular pueden ser determinantes para acabar de probar que hubo una trama organizada para hacerse con subvenciones que fueron a parar a las empresas y personas investigadas. En el caso del Ayuntamiento, un perito evaluó en 1,2 millones de euros el daño económico causado a las arcas municipales por este fraude.