![Jonan Fernández ha comparecido en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/538/374/article_main_landscape/jonan-fernandez.jpg)
Ya se conocen los cambios en la Ley de víctimas de la violencia del Estado que los gobiernos de Urkullu y Sánchez pactaron para que este retirara el recurso de inconstitucionalidad que había presentado su antecesor, Mariano Rajoy. Los ha expuesto hoy en el Parlamento el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y fundamentalmente consisten en corregir la redacción de aquellos artículos que el Tribunal Constitucional había suspendido a instancias del Ejecutivo del PP.
Los cambios se introducirán a través de una proposición de ley firmada por PNV y PSE, y no por un proyecto de ley del Gobierno de Lakua, que obligaba a demandar más informes y retrasaba la tramitación.
El objetivo de los cambios es que quede claro que la norma fija «un sistema asistencial» en favor de las posibles víctimas «netamente diferenciado de la depuración de eventuales responsabilidades penales por dichos hechos que en modo alguno constituyen el objeto de esta ley», se afirma expresamente en la exposición de motivos de la proposición.
Por ello, se eliminan de los artículos 4 y 14 la referencia al «esclarecimiento» de los hechos quedando en la «más completa resolución de los expedientes».
En el artículo 2, que recoge el ámbito de aplicación de la ley, se añade una referencia a que la acreditación de la vulneración de derechos humanos «no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal».
Además, también se pretende dejar claro que no se buscan culpables sino resarcir a las víctimas, por lo que en diversos artículos se añade que «las terceras personas» que aparezcan en los expedientes, es decir, los victimarios, tendrán salvaguardados «los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de sus datos», como adelantó GARA el pasado 20 de setiembre.
La proposición de ley está firmada por PNV y PSE y cuenta por tanto con 37 votos. El probable que pese a los cambios el PP vote en su contra. En la pasada legislatura, y pese a las deficiencias que veía en la norma, EH Bildu se abstuvo, porque buena parte de las víctimas afectadas veían avances sobre la situación en la que se encontraban. Elkarrekin Podemos no tenía representación entonces.
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