El Tribunal Constitucional español ha decidido admitir a trámite los recursos de amparo de Carles Puigdemont y de los exconsellers Clara Ponsati y Lluís Puig contra el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, así como contra la resolución de la Sala de lo Penal del Supremo que confirma la decisión del magistrado instructor.

Lo hace, según recoge la resolución, al «apreciar que concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal».

En base a ello, el tribunal da un plazo de días a la Sala de lo Penal del Supremo para que remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a sendos autos de procesamiento.

El Supremo procesó al expresident del Govern catalán y a Ponsatí por los delitos de «rebelión y malversación» mientras que a Puig le imputó «malversación y desobediencia».

Por otra parte, los magistrados conceden otros díez días a Puigdemont para que presente demanda separada respecto del auto del Supremo que acordó la suspensión de las funciones y cargos públicos que venía desempeñando como diputado.

Su más que previsible recurso se sumará al del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, cuyos escritos, al haberse realizado de manera individual sobre este particular, sí que ha admitido a trámite por unanimidad.

Además, el Constitucional también estudiará el recurso de amparo del presidente de la entidad soberanista Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, contra la decisión del Supremo de mantenerle en prisión provisional al entender que «afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay jurisprudencia de este Tribunal».

Estudiará los recursos de Junqueras y Romeva

Asimismo, ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva contra su suspensión de cargo público decretada por el Tribunal Supremo.

El tribunal de garantías estima en una providencia que «concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina» del TC.

En sus recursos presentados el pasado mes de setiembre, Junqueras y Romeva consideraron que la suspensión suponía «la muerte» de sus derechos políticos y «una vulneración de los derechos de participación política y de libertad de expresión e ideológica» y advirtieron además de que «la Constitución no puede anular las funciones de un diputado electo».