«Es necesario que, tanto los partidos como la Administración, sean capaces de tratar el problema de frente y no permitan que nuestra dignidad y nuestro trabajo sea menospreciado -ha afirmado-. Queremos que se tomen medidas reales contra agresiones externas hacia el profesorado y que se nos den herramientas para llevar esta situación desde la seguridad y tranquilidad que se merece nuestra profesión».

Erro realizaba estas declaraciones en una sesión de trabajo de la comisión de Educación del Parlamento de Nafarroa, donde comparecía junto a otros representantes del sindicato a petición de PPN para explicar su postura acerca del aumento de agresiones a docentes.

Según ha indicado, durante el curso 2017-2018 se contabilizaron 184 episodios, siendo el 92,93 % de estas agresiones cometidas a personal docente (171), y el 7,07 % a personal no docente (13). Aparte de estas 184 agresiones, que fueron cometidas por alumnos, se produjeron 28 por parte de familiares de los estudiantes.

Sin embargo, ha advertido de que estos datos «no reflejan el total de situaciones reales» que se dan en las aulas, ya que muchas veces una baja médica por parte de un docente o concurso de traslados responde a este tipo de situaciones.

«No queremos profesores quemados a los que no les queda otra que permitir constantes ofensas y faltas de respeto por parte del alumnado y de la familia», ha denunciado Erro, que ha pedido a la Administración «medidas preventivas que protejan a los docentes».

Tras lamentar que en los últimos años el número de agresiones externas «va en aumento», ha considerado que la Administración «tiene que tener el compromiso de mejorar el estado» en que se encuentran los docentes.

«Necesitamos con urgencia un espacio seguro y sólido», ha aseverado Erro, que ha subrayado que el escenario actual de los profesores «no siempre cumple con unos estándares mínimos y necesarios» para ejercer su labor «de forma satisfactoria».

Javier García, PP, que ha calificado estos datos de «alarmantes», ha criticado la «inacción» del Gobierno en esta cuestión. En la misma línea se ha mostrado Alberto Catalán, UPN, que ha lamentado que es «incomprensible que el propio departamento siga empeñado en no tomar medidas concretas y puntuales».

Por el contrario, Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha afirmado que «el departamento está haciendo muchas cosas en este tema» y que «se han implantado muchas medidas». Además, ha advertido de que «no es responsable hacer ver que es un problema de orden público en los centros escolares» porque «la convivencia es buena».

También la parlamentaria de EH Bildu Esther Korres ha coincidido en que «la convivencia escolar, en general, es buena» y en que «se están desarrollando programas». «Ya se ha iniciado el trabajo y hay que continuar con ello», ha dicho.

Aunque ha apostado por seguir trabajando, Tere Sáez, de Podemos-Orain Bai, ha compartido que ya hay «algunas» medidas que se están realizando por parte del departamento. Guzmán Garmendia, PSN, se ha sumado a la crítica de UPN y PPN al denunciar la «inacción» del actual Ejecutivo y lamentar que «no se ha afrontado el tema» y que «no hay ninguna medida».

José Miguel Nuin, portavoz de IE, ha reiterado que ya «hay programas que están trabajando en la construcción de la convivencia en la comunidad escolar», pero se ha mostrado partidario de «trabajar más».

Durante su turno de réplica, el presidente del sindicato, Juan Carlos Laboreo, ha pedido a los grupos que sustentan el cuatripartito «que dejen de vivir en el mundo de Yupi».

Tras considerar que «una ley es necesaria», ha advertido de que son las mujeres quienes se enfrentan mayoritariamente a la violencia en las aulas. «Aquí hablamos enseguida de la defensa de la mujer, pero cuando realmente nos atañe, echamos un pasito para atrás», ha lamentado.