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El exdirigente del PNV Aitor Telleria asegura que el ‘caso De Miguel’ «es un invento»

El exdirigente del PNV Aitor Telleria, uno de los principales acusados por el 'caso De Miguel', ha asegurado que todo el proceso judicial sobre la presunta trama de corrupción, en el que se investigan supuestas comisiones ilegales de cientos de miles de euros, no es más que «un invento», y que «la única cifra real» de la que se puede hablar es de «una deuda» de 30.000 euros que trató de cobrar una de las empresas de la supuesta trama. También Koldo Otxandiano ha defendido que no hay «respaldo documental» que acredite el cobro de comisiones ilegales. 

El exdirigente del PNV Aitor Tellería, en una imagen de archivo. (Juanan RUIZ / FOKU)
El exdirigente del PNV Aitor Tellería, en una imagen de archivo. (Juanan RUIZ / FOKU)

Aitor Tellería, exmiembro de la ejecutiva del PNV, para el que la Fiscalía reclama una condena de 32 años de cárcel por diversos delitos relacionados con la corrupción, ha respondido este miércoles a las preguntas de su abogado, Jesús Villegas, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Araba sobre esta presunta red, por cuyas actividades están acusados varios exdirigentes de la formación jeltzale.

Este exjuntero alavés del PNV, fue uno de los tres fundadores de la empresa Kataia Consulting, una de las sociedades pantalla de este presunto entramado, que, según la Fiscalía, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Kataia se constituyó en 2005 por Tellería, por el exdiputado foral Alfredo de Miguel, considerado el cabecilla de la trama, y por el también exdirigente del PNV Koldo Otxandiano, procesado, asimismo, en esta causa. En respuesta a las preguntas de su abogado, Telleria ha negado que esta sociedad fuera creada «con fines ilícitos» o para blanquear dinero negro procedente de ´comisiones o dádivas». A preguntas de su abogado, ha reconocido que fue promotor, aunque como socias figuraban sus tres esposas, también imputadas.

Telleria ya dijo ayer que puso a nombre de su mujer, Araceli Bajo, la administración de Kataia «para no perder la prestación de desempleo» que cobraba, pero ha señalado que las esposas nunca participaron en las reuniones de la empresa.

Hoy ha dejado claro que únicamente tenía relación con Kataia, que se creó en 2005, y no con otras empresas vinculadas por la Fiscalía a esta trama como Errexal o Ortzi Muga y ha señalado que desde finales de 2004 no ha ocupado ningún cargo político ni de relevancia.

Sí que conocía la existencia del grupo Loizate, cuyo responsable era Jon Iñaki Etxaburu, imputado en este caso, compañía que dejó de pagar a Kataia 30.000 euros por unos trabajos, tras quebrar este grupo. Etxaburu, ha añadido Tellería, les dijo que había acordado con Urbanorma, cuya responsable era Ainhoa Alberdi, que se haría cargo de esa deuda.

En su opinión, «la única cifra real de todo este invento» es precisamente esa cantidad de 30.000 euros adeudada a Kataia. Tellería ha reiterado que nunca cobró comisiones de otras empresas ni intervino en contratos con el Departamento de Cultura de Lakua ni con el Parque Tecnológico de Araba, y ha añadido que la contabilidad de Kataia era «clara» y que «nunca» ha participado en actos ilícitos.

«No he percibido ninguna comisión, nunca», ha reiterado tras asegurar que no conocía a la mayor parte de los acusados de la trama hasta que ha comenzado este proceso judicial.

Ochandiano

Otro de los promotores de la empresa Kataia, el exmiembro de la ejecutiva del PNV alavés, Koldo Ochandiano, para quienel fiscal pide 32 años de prisión, también ha declarado este miércoles. 

Su abogado se ha centrado en el supuesto pago de dos comisiones del 4% por parte del grupo Loizate a Kataia por la adjudicación de obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia en 2005, ambas localidades gobernadas por el PNV.

Ochandiano ha señalado que «no le consta» que Kataia haya cobrado dichas comisiones y ha dejado claro que en la contabilidad no hay «ninguna entrada» relacionada con esos contratos. «No hay respaldo documental que pueda justificar esa acusación», ha subrayado.

Durante el interrogatorio, el letrado también ha sacado el tema de la relación de Ochandiano con Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que destapó la presunta trama de cobro de comisiones, cuya empresa Urbanorma tenía un contrato con el Parque Tecnológico de Araba (PTA) firmado en 2006.

Dos años después, Ochandiano comenzó a trabajar como director económico financiero en el PTA e hizo un seguimiento sobre la liquidación de este contrato con el que, según ha explicado, había discrepancias sobre las facturas.

Pero el acusado ha afirmado que en ningún momento, como dice el fiscal, coaccionó a Ainhoa Alberdi, con la que tenía una relación «cordial».

Alberdi fue quien aportó unas grabaciones hechas de forma casera en las que denunció que los principales imputados le reclamaron una comisión ilícita de 100.000 euros por la adjudicación del contrato con el PTA, lo que han negado en el juicio De Miguel y Telleria.

Ochandiano también ha dicho que en Kataia cada uno de los tres socios se encargaba de temas diferentes y él se dedicaba a los relacionados con temas contables, fiscales y laborales. «Cada uno sabíamos de lo nuestro», ha dicho.

En relación a la veintena de contratos en materia de Juventud que según la Fiscalía fueron adjudicados por el Departamento vasco de Cultura a dedo a tres empresas pantalla de la trama -Kataia, Errexal y Ortzi Muga- y que en la mayoría de los casos no consta que se llevaran a cabo, Ochandiano solo ha reconocido que se formalizaron tres.

Ha explicado que uno de ellos lo ejecutó directamente Kataia y los otros dos se subcontrataron a Errexal, ha recalcado que los trabajos se ejecutaron, se facturaron y se cobraron y ha afirmado que en esos momentos no conocía a ningún funcionario del área de Cultura de Lakua.

Ainhoa Bilbao

También ha declarado este miércoles Ainhoa Bilbao, mujer de Alfredo de Miguel y que figuraba como administradora de Kataia junto con las cónyuges de Telleria y Otxandiano. Para ella el fiscal solicita más de 30 años de prisión.

A preguntas de su abogado ha insistido en que ella se ocupaba en su familia a las tareas domésticas y que nunca realizó trabajos en Kataia, ni gestionó nada, ni percibió dinero ni conocía los ingresos.

Su marido, ha continuado, le comunicó que la empresa se iba a poner a nombre de las mujeres de los tres socios y a ella le pareció «bien».

Tampoco, ha señalado, tenía conocimiento de las relaciones con Kataia de las otras empresas investigadas.

El juicio continuará el próximo lunes con los siguientes acusados citados a declarar, las primeras Araceli Bajo, mujer de Tellería, e Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Otxandiano.