Así lo ha indicado en una comisión parlamentaria, a petición propia y de todos los grupos parlamentarios, en la que ha destacado que es la primera vez que se realiza una evaluación sobre los citados recursos, lo que, por tanto, supone «un punto de inflexión».

Tras calificar la ley foral 14/2015 como «pionera» en muchos aspectos, ha explicado que el Ejecutivo foral ha desarrollado un plan de acción que incluye varias medidas por un valor de 22 millones de euros.

Ollo ha detallado que en la primera fase de esta evaluación se han analizado las ayudas económicas, los recursos de acogida, y el servicio de atención jurídica a las mujeres (SAM).

Ha precisado que se ha abarcado el periodo 2012-2017, y que en la evaluación han participado 143 personas, 19 hombres y 124 mujeres y, de estas últimas, un total de 39 han sido supervivientes.

«Contar con esas voces no solo era necesario, sino esencial para hacer una evaluación que diese respuesta a sus expectativas y necesidades», ha subrayado en referencia a las mujeres supervivientes.

Ha citado como conclusiones la necesidad de incrementar la cobertura de las ayudas económicas, generar nuevas que permitan el empoderamiento y la autonomía económica de las supervivientes e incorporar el enfoque de género.

Igualmente, ha dicho, sería necesario evitar la dependencia vital de las ayudas económicas, ya que «son claves» en el proceso de salida de la violencia, pero «no sería adecuado que generase dependencia ni se cronificasen».

En lo que respecta a los recursos de acogida, ha destacado que requieren especialización en situaciones de exclusión social, ya que el perfil en estos casos, en su mayoría, son mujeres migradas, con hijos, en desempleo y sin redes sociales de apoyo.

Respecto al SAM, ha apostado por contemplar el enfoque de derechos humanos y de género en las actuaciones y que la atención jurídica reconozca a las supervivientes como sujetos jurídicos.

Ha citado algunas actuaciones que ya se están desarrollando, como un recurso de alojamiento para mujeres víctimas de trata y ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para la revisión y elaboración del nuevo modelo de recursos de atención.

Ana San Martín, UPN, ha considerado que la evaluación se ha desarrollado «tarde» y que es «lógico» que la conclusión de la misma sea la necesidad de «un nuevo modelo».

Desde Geroa Bai, Virginia Alemán ha destacado que es «fundamental evaluar las políticas públicas para avanzar» y ver «si consiguen el impacto» deseado.

Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garayalde ha resaltado la renta garantizada, dentro de las ayudas económicas prestadas a las supervivientes.

Tere Sáez, de Podemos-Orain Bai, ha señalado que «se debe mirar si el modelo está ajustado» y ha advertido que hay una población de mujeres que no está accediendo a los recursos.

Nuria Medina, PSN, ha apuntado que era «necesario» evaluar los recursos de la citada ley «para avanzar en realizar un trabajo mejor» y ha valorado que se haya contado con las supervivientes.

El representante del PPN, Javier García, ha resaltado que los recursos deben adaptarse a la mujer y no viceversa y ha apoyado el cambio de modelo.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha comentado que se trataba de valorar si los recursos «responden a las necesidades de cada una de las mujeres» y, por ello, ha considerado que se está haciendo «un buen trabajo».