Ambos grupos han hecho esta petición en una comisión del Parlamento de Gasteiz, durante el debate monográfico de este documento que ha detallado la consejera de Educación de Lakua, Cristina Uriarte. El texto es fruto de un proceso participativo impulsado por el Departamento en cinco mesas de trabajo sobre convivencia, lenguas, evaluación, modernización de la educación y autonomía de los centros. Se completó con más de 100 aportaciones ciudadanas y con propuestas del Consejo Escolar de la CAV, del que salió con el voto en contra de los representantes de las familias de la red pública, Ehige, de Steilas, CCOO, ELA y LAB.
Uriarte ha insistido en la necesidad de hacer una nueva ley para hacer frente a los cambios «vertiginosos» en esta materia, en la que se recoja «un modelo propio» y se aborde la atención a la diversidad, las nuevas tecnologías y el plurilingüismo con el euskara como eje central.
Ha destacado que el texto se ha redactado con «diálogo, debate, generosidad y amplitud de miras» y ha pedido que se trate con «mirada a largo» plazo y que no se use como «arma política». Por ello, ha pedido a los grupos que acepten «una negociación responsable, leal y honesta» para dar pasos hacia una nueva ley.
Desde EH Bildu, Rebeka Ubera ha criticado el proceso porque «no se ha hecho el trabajo previo que una ley exige», ha acusado a Educación de haber hecho «propaganda» y ha pedido que se abran vías para «superar las trincheras», lo que exige «sentarse en una mesa para hablar de segregación, financiación y laicidad», entre otros temas que, según ha lamentado, se excluyen del texto.
Ha apostado por un sistema «público y soberano», y para lograrlo ha considerado que es necesario «revisar el documento y que el proceso se inicie de nuevo». Con esta condición ha señalado que la disposición de su grupo es «total» para aportar.
Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) ha lamentado que el documento provenga de un «debate capado y guionizado», así como que no tenga el respaldo de los agentes de la red pública, por lo que ha insistido en que «no sirve y hay que empezar de nuevo» y ha dejado claro que si se hace así su grupo planteará sus aportaciones.
«Si buscamos un pacto político y social necesitamos otro proceso», ha subrayado Martínez, quien ha precisado que las principales carencias del actual es que no hace referencia a la financiación, ni plantea medidas «eficaces» para acabar con la desigualdad y, en definitiva, no coloca a la escuela pública como eje de la educación.
Juana Bengoechea (PP) ha asumido que este era «el único documento posible» porque las posturas están «tan polarizadas» que no se podía alcanzar acuerdos más amplios, aunque ha opinado que se queda «demasiado en la superficie» y ha echado en falta un diagnóstico previo.
Ha agradecido que aborde el sistema como «un servicio público en su conjunto» y ha hecho hincapié en el que el objetivo último de la nueva ley debe ser conseguir la equidad.
Desde los grupos que integran el Gobierno de Lakua, Jone Berriozabal (PNV) ha valorado el trabajo y ha defendido que «tiene plena validez» porque la mayoría de los agentes educativos han tomado parte. Ha insistido en que «el acuerdo entre diferentes es fundamental» y ha apoyado que primero se hayan definido los pilares básicos para después hablar de financiación y recursos.
Por su parte, José Antonio Pastor (PSE) ha indicado que la escuela pública debe ocupar la centralidad del sistema con el fin deser una pieza clave para la cohesión social.
Ha advertido de que hay «un amplio margen de mejora» en la educación en Euskadi y ha apuntado que es el momento de aportar a este proceso, por lo que ha rechazado «echar atrás un procedimiento que, con todos sus defectos, debe ser valorado».
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